La abolición de la pena de muerte, paralizada en el Congreso

La Asociación Española contra la Pena de Muerte ha expresado el profundo pesar que le ha causado el hecho de que algunas fuerzas políticas obstaculizaran, el pasado lunes en el Congreso, el proceso de la abolición de la pena de muerte. En este sentido, la citada Asociación dio a conocer ayer un comunicado en el que señala que «este pesar es aún más profundo, porque consideramos que la declaración, no ya de abolición de la pena de muerte, sino de su ilegalidad, es tema de rango constitucional, y, en cualquier caso, prioritario para la paz y la concordia de una sociedad que se halla tan necesitada de ambas cosas».María Asunción Milá, secretaria de la Asociación, dijo ayer a EL PAIS que le ha resultado poco reconfortante regresar del congreso mundial que la organización merecedora del Premio Nobel de la Paz 1977, Amnistía Internacional, ha celebrado recientemente en Estocolmo en defensa de la abolición de la pena capital, y encontrarse con que tal objetivo se ve nuevamente dificultado en España a consecuencia de lo ocurrido hace dos días en el Congreso de Diputados.

«Durante varios días, especialistas del mundo entero nos hemos reunido para debatir este problema y hemos llegado a la conclusión de que todos aquellos que no se pronuncian a favor de la abolición de la pena de muerte demuestran un subdesarrollo cultural evidente. Todos los especialistas (criminólogos, sociólogos, siquiatras, sicólogos, teólogos, pedagogos, filósofos e incluso políticos) que se han dado cita en el congreso de Estocolmo han coincidido en afirmar que la pena de muerte, lejos de beneficiar a la sociedad, la perjudica gravemente. «Quien daña a un hombre daña a la sociedad -dice Asunción Milá-, y la alternativa que Amnistía Internacional ofrece a los países que no recurren a la pena capital para quitarse de en medio a las personas ingratas para la sociedad es la de cambiar la actuación de castigar (con toda la carga de venganza implícita en esta palabra) a los delincuentes. La alternativa contra la pena de muerte no es otra que devolver bien por mal, es decir, beneficiar al delincuente, poniendo a su alcance los medios necesarios para su rehabilitación social. Unicamente de esta manera -añade- la sociedad puede recuperar a las personas que la han atacado, en lugar de eliminarlas porque resultan molestas.» Amnistía Internacional ha declarado 1978 como el año contra la pena de muerte, y a tal fin dedicará sus esfuerzos con más intensidad que nunca a partir de ahora.

Alfonso Otazu, miembro de la Asociación, matizó, a título personal, la actuación en el Congreso de estas fuerzas políticas. «Alianza Popular no se contradice con su política de defensa de la aplicación de la pena de muerte, y la UCD, si bien no comprendo cómo puede poner obstáculos un partido en el que algunos de sus integrantes (el Partido Popular y el Partido Demócrata Cristiano) se han pronunciado en ocasiones anteriores en sentido contrario, pero resulta coherente si nos ceñimos a un hecho concreto: el ministro ucedista Rodolfo Martín Villa nos ha denegado sistemáticamente la legalización de nuestra Asociación.» Así mismo, resalta el señor Otazu la circunstancia de unos señores que se declaran defensores del derecho a la vida del no nacido y en cambio esquivan la defensa a la misma del nacido.

En este sentido se pronunció también el diputado socialista Virgilio Zapatero, defensor de la propuesta en favor de la abolición de la pena de muerte, quien manifestó a EL PAIS: «Lo más grave de la actuación de UCD y AP es que ni siquiera han aceptado a entrar en debate, lo que, a mi entender, clarifica su verdadera posición sobre el tema. También señaló que el PSOE insistirá de nuevo con la misma propuesta en el próximo pleno de la Cámara. «Seguiremos defendiendo la abolición porque nos parece que la pena capital e una medida absolutamente ineficaz y tiene la especial característica de poseer la irreversibilidad, en el supuesto real de que se cometa un error judicial. Yo planteé en el Congreso -añade- la contradicción que supone votar en contra del aborto por respeto a la vida humana y después contestar con malabarismos políticos acerca de la oportunidad del debate.»

La Asociación Española contra la Pena de Muerte se creó hace aproximadamente un año, con el objetivo de luchar para que se incluya en la futura Constitución democrática la ilegalidad de la pena capital. Su primer acto público fue la celebración de una mesa redonda en el Ateneo madrileño en la que sus promotores expusieron las tesis en que basan la defensa de suprimir esta medida.

En aquella ocasión, Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho, resaltó su inutilidad como castigo y el hecho de que su imposición esté apoyada en base a unos valores pasajeros y variables a través de la historia.