El divorcio

DESPUES DE tantos años de desprecio por el Derecho comparado, no es cosa ahora de remitirnos o escudarnos, en toda ocasión, en las legislaciones de otros países. Acaso el tema del divorcio pueda ser uno de esos problemas que se resuelven antes y mejor mediante la aplicación del sentido común que a base de un estudio comparativo de los códigos de otros países.El sentido común de los pueblos que habitan Estados antidivorcistas les ha conducido a suertes de divorcio personal que van desde el más radical pragmatismo a la picaresca, pasando, en lamentables ocasiones, por la desesperación o el arrebato que conducen al crimen. En España se estiman en 500.000 los matrimonios que se han divorciado por su cuenta y riesgo, arrostrando todo el pesado lastre de consecuencias legales, económicas y sociales.

De otra parte, no es escaso el número de parejas que al contraer matrimonio civil o religioso realizan previamente una separación de bienes e incluso -en el caso del matrimonio católico- hacen una declaración notarial de incredulidad sobre el sacramento matrimonial. Documento que posteriormente puede servirles para obtener con relativa rapidez una anulación eclesiástica del vínculo.

Y la picaresca no queda en el mero papeleo legal. Basta un médico amigo que firme un certificado de impotencia (problema psicofisico de dudosas fronteras científicas) para sacar airosamente adelante una separación bendecida por la Iglesia.

Ante los datos anteriores, el proyecto de ley sobre divorcio remitido al Parlamento parece inspirado por la ignorancia de la realidad social de un país que lleva cuarenta años sin divorcio y por la moralina seudorreligiosa de que se deben limitar legalmente los divorcios porque los divorcios engendran más divorcios. Es una especie de filosofia del caldero que carece ya de crédito hasta en los limitados horizontes socioculturales de las alquerías.

El proyecto de ley sobre el divorcio que será discutido en el Parlamento no contempla un aspecto tan elemental como la concesión del divorcio a petición y consenso de ambas partes. Por otra parte, los plazos divorcistas son excesivamente cautelosos. Tres años de separación legal y cinco de separación de hecho son la base mínima para acceder al divorcio. No parece otra cosa sino que Ios redactores del proyecto tuvieran al ser humano por réplica biológica de Matusalén. Tres años de separación legal son muchos años. Y cinco años de separación de facto pueden ser mucho tiempo, o poco, según la sicología de cada pareja.

En cualquier caso es paternalista y pretencioso ponerle puertas al campo de la intimidad de las alcobas. Diga lo que diga el Derecho comparado. La preocupación social por los hijos habidos en el matrimonio es muy plausible; testa la preocupación por esos hijos habitando un espacio familiar cargado de tensiones.El divorcio, en suma, es un problema- de conciencia de los ciudadanos que debe tener las menos limitaciones posibles. No debe el Estado favorecer la alegría del divorcio propia del Estado de Reno (exclusivamente preocupado por su Fisco), ni tener la separación de las parejas por derrumbe absoluto del orden social.

Por otra parte, el tema es urgente y está en la calle. Representantes de diez grupos feministas de Madrid se entrevistaron recientemente con el presidente de las Cortes para exponer sus peticiones. Cien mujeres se encerraron en una iglesia madrileña, representando a la Federación de Organizaciones FerninIstas del Estado Español, para hacer más públicas sus reivindicaciones sobre el actual proyecto de ley del divorcio, procedente de UCD y que ya está en la Comisión de Codificación del Parlamento. Califican el proyecto con reticencias -si no con rechazo absoluto-, pues consideran las causas previstas para el divorcio de «ridículas»; piden, asimismo, la patria potestad compartida y la administ:ración conjunta de los bienes gananciales en el matrimonio, y una reforma de la legislación civil sobre filiación. El PSOE y el PSP, entre otros partidos, ya han mostrado su posición favorable a estas peticiones.El proyecto de ley ya está en el Congreso, y el debate promete ser apasionante: este proyecto, que parece excesivamente timorato y que se queda corto ante la realidad, es susceptible de ser profundamente mejorado. Eso corresponde al legislador, esto es, a los parlamentarios elegidos por el pueblo, que deberán asurrí ir sus responsabilidades.Si una ley del divorcio abierta y generosa engendra más divorcios -cosa que ponemos en duda-, también los divorcios dan pie a la constitución de nuevas parejas jurídicamente organizadas. Sea como fuere que el Gobierno y el Parlamento entiendan que el país asume el valor político de un Gobierno de derechas, que redacta un proyecto de ley del divorcio, pero que sobre legislación de los sentimientos y las convivencias o se trata desde la más absoluta comprensión o se entra de plano en el ridículo jurídico de dictar leyes que todos saben que serán incumplidas.