Clausura de las II Jornadas sobre el Medio Ambiente Urbano

«La mejora del medio ambiente es una cuestión de escala de valores y de cambio de mentalidad. La calidad ambiental es un bien público y que por tanto se puede contraponer a lo que es un bien privado. Decidirnos por un medio ambiente sano supone limitar otras esferas de nuestra actividad», afirmó Eduardo Merigó, subsecretario de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en la mesa redonda que elausuró las Segundas Jornadas sobre Medio Ambiente Urbano celebradas en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, durante los días 28 de noviembre al 1 de diciembre.El desarrollo de las jornadas demostró una vez más que los intereses medio-ambientales se oponen a los criterios desarrollistas de nuestros planificadores. En opinión del subsecretario de Ordenación del Territorio, la Administración asume la responsabilidad de dar otro enfoque a nuestro desarrollo, pero «el Gobierno no puede sentirse responsable de lo que haya ocurrido en administraciones anteriores». En el transcurso de la mesa redonda, Eduardo Merigó anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobaría el decreto por el cual la ciudad de Bilbao será declarada zona contaminada. La primera vez que se hizo esta afirmación fue el 6 de septiembre pasado, tras la celebración del XIX pleno de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente. Poco después de conocerse esta noticia, comenzaron a surgir múltiples manifestaciones sobre la situación crítica de numeroqas industrias bilbaínas y su posibilidad de quiebra. Esta pugna entre la mejora del medio ambiente y los intereses de los industriales quedó bien patente en el hecho de que en la mencionada reunión de la CIMA la única postura-opuesta a esta declaración fue la del vocal representante del Ministerio de Industria.

Según ha podido saber EL PAIS, el texto del decreto, que finalmente ha logrado superar toda oposición, ha sufrido diversas modificaciones por las cuales el Ministerio de Industria jugará un papel predominante en la aplicación de este decreto, dejando al Ministerio de Sanidad, el gran promotor de la declaración, en un segundo plano.