Que se vayan todos

Agotado en su mismo aspecto laboral, el conflicto de los aeropuertos presenta una clara vertiente política en la que el hecho más destacable es la precariedad en que algunos comentaristas políticos sitúan al titular de Transportes y Comunicaciones, señor Lladó, de cuyo departamento depende directamente el colectivo de Aviación Civil. Uno de los referidos comentaristas, desde un vespertino madrileño, pide abiertamente que se vaya el señor Lladó. Parece claro que lo laboral sirve de justificación a lo político. Lo grave es que por el juego político, lo laboral se ha desatendido. Incluso, puede que hasta se haya utilizado el sagrado derecho obrero de huelga para, desde lo político, ejemplarizar a la clase trabajadora.Pedir responsabilidades al ministro de Transportes por una huelga que -aun recurriendo al chalaneo negociador- logró evitar en dos ocasiones anteriores a esta tercera en que, finalmente, se consumó, puede ser correcto pero es corto. Y es corto porque la responsabilidad no sólo alcanza a quien da la cara ante los trabajadores, sino también a los que, sobre la base interpretativa del pacto de la Moncloa, dan pie a la gestación de un conflicto cuyas consecuencias económicas superan desorbitadamente a la austeridad económica que persigue el citado pacto.

Esta maraña de responsabilidades alcanza desde el Gobierno a la Oposición. Aplazar por más tiempo la interpretación legal del pacto origina una escalada conflictiva que, iniciada desde la perspectiva patronal de la Administración (aeropuertos, Obras Públicas, Sanidad, etcétera) amenaza con situar al borde del caos la negociación colectiva en el sector privado.

No parece muy oportuna la implicación en el conflicto de los partidos firmantes del pacto. Su actitud, a través de las centrales con ellos afines, no puede ser otra que la de echar balones fuera si es que son consecuentes con el compromiso que supuso la rúbrica de los acuerdos económicos.

Mientras tanto, los 11.000 trabajadores de aeropuertos siguen sin ver atendidas sus reivindicaciones y mantienen en pie la convocatoria de un paro de veinticuatro horas para el próximo día 18, cuyos efectos habrá que sumar a los ocasionados por la reciente huelga, cuantificados en lo económico en torno a los 3.000 millones de pesetas.

Otro ejemplo de la acertada, política laboral del Gobierno es la huelga de hospitales que ha sucedido a la de aeropuertos. Después de tres días de conflicto, y absoluto silencio oficial, el subsecretario de Seguridad Social, Victorino Anguera, convoca a la UGT para buscar una salida a la huelga. Parece que tan dilatado plazo ha servido a las autoridades ministeriales de Sanidad para conocer la existencia de sindicatos con quien negociar. Algo es algo.

Como compendio a tan poco acertada política laboral, el Ministerio de Trabajo tiene la pretensión de regular lo más libremente las elecciones sindicales. Para ello, el decreto de convocatoria no fijará una fecha, sino que establecerá un proceso electoral en el que cada empresa podrá proceder como quiera.

Volviendo al principio, parece poco generoso pedir que se vaya el señor Lladó. Quizá lo ideal sea que se vayan todos.