Hacia un pacto escolar

presidente de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE)

La FERE no ha estado presente en las discusiones del pacto de la Moncloa ni ha sido consultada en ningún momento sobre política educativa. Por tanto, las opiniones que se expresan a continuación sólo pretenden responder a los interrogantes que recogen los medios de información y que sorprenden al hombre de la calle. Se ha hablado de entreguismo del Ministerio de Educación, de cláusulas secretas en materia de enseñanza, aunque resultaba imposible creer que el Gobierno de UCD hubiera cedido en asunto de tanta importancia dentro de su programa electoral.

El pacto de la Moncloa

En el pacto de la Moncloa, hay orientaciones de política educativa con las que estamos totalmente de acuerdo. Tales son, la democratización del sistema educativo, la implantación de la gratuidad progresiva de la enseñanza, entendida para todos los españoles, tanto en los centros estatales corno no estatales, la adecuada retribución del profesorado, la participación de los padres de alumnos y de los profesores en la función y necesidades del centro, la incorporación, en sus respectivos ámbitos territoriales, de las distintas lenguas y culturas, etcétera.

En cuanto a la manera concreta de aplicar la gratuidad progresiva de la enseñanza -que es lo que importa, ya que las declaraciones generales se pueden quedar en buenos propósitos-, hago constar nuestra disconformidad con los siguientes puntos.

1. Que los 40.000 millones de pesetas del Plan Extraordinario de Escolarización se destinan a crear puestos escolares estatales únicamente; en el año 1978, 200.000 en preescolar, 400.000 en EGB y 100.000 en el BUP; todos estatales.

Tal modo de proceder parece injusto y díscriminatorio con los ciudadanos que prefieren puestos no estatales; un paso firme hacia la estatificación de la enseñanza, contraria a la libertad y a la democracia; un atentado al derecho de los padres de elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos.

Frente al proyecto de que todos los puestos de nueva creación sean solamente estatales propugnamos, que, en cada localidad, antes de crear un nuevo puesto escolar deberían cubrirse todos los que están vacantes en centros estatales y no estatales, no se ha de crear un nuevo centro sin que haya sido comprobada su auténtica necesidad, criterio que no se ha seguido en los últimos años, condenando a otros centros a desaparecer o a que funcionen a medias, con un evidente despilfarro de los fondos públicos. En estos momentos de austeridad sería un derroche intolerable.

2. Que se intente la gratuidad total de comedores y transportes y el abaratamiento de los libros de texto, en los niveles obligatorios, únicamente en favor de los alumnos de los centros estatales es una medida discriminatoria e injusta, ya que el mismo derecho a la gratuidad tienen los alumnos de los centros estatales como los de los no estatales.

3. Que se propugne una profunda revisión del sistema de financiación de los centros no estatales, sin decir claramente en qué sentido.

Debemos recordar que han sido precisamente los directores de los centros no estatales, al nlenos los de la FERE, los primeros en exigir la gratuidad efectiva de la enseñanza para todas las clases sociales; en reclamar la aplicación de los conciertos de gratuidad previstos en la ley de 1970; en denunciar las insuficiencias del sistema de subvenciones aplicado provisionalmente desde 1973; en pedir reiteradamente que se hagan públicos, correctamente elaborados, los costes reales por niveles de la enseñanza estatal.

En consecuencia, estamos de acuerdo con la revisión a fondo de las subvenciones; pero de modo que posibiliten la gratuidad a las familias que eligen los centros no estatales, al cubrir aquéllas el coste real. A esta gratuidad tienen derecho no los centros, sino los alumnos y sus padres.

Sistema de subvenciones

En cuanto al sistema de subvenciones conviene recordar que no estaba previsto en la ley general de Educación. Fue una solución provisional y transitoria hasta llegar, como límite en 1980, a la implantación total de la gratuidad por el único sistema de los conciertos de la ley, que cubrirían todos los costes reales.

En la práctica las subvenciones, han sido y son insuficientes. En los cursos 1973 y 1974 las cantidades asignadas por aula al año, 184.000 pesetas y 235.000, respectivamente, cubrían apenas un tercio del coste real del aula de EGB, que sobrepasaba las 600.000 pesetas. En el curso 1977, ascienden las subvenciones a 650.000 pesetas, que sólo financian la mitad del coste real, que en 1978 sobrepasará 1.200.000 pesetas. Estos datos dejan en evidencia las acusaciones de lucro y de negocio hechas con carácter general.

A pesar de todo, las subvenciones han sido oportunas, pues de lo contrario, dado el considerable incremento de los costes, debido sobre todo a las elevaciones de los sueldos del personal, de las cotizaciones a la Seguridad Social, y del índice general del coste de la vida, ni las familias hubieran podido elegir los centros no estatales, ni éstos podido, ni querido, subsistir. La FERE no quiere servir en la educación sólo a los que más pueden pagar, sino a todas las clases sociales.

Aconfesionalidad y autogestión

Pese a que la existencia de acuerdos secretos en el pacto de la Moncloa ha sido rotundamente desmentida por el Ministerio de Educación, por su resonancia, queremos dejar claramente maniféstada nuestra postura ante el supuesto contenido de esos acuerdos.

En cuanto al recorte de las subvenciones, ya hemos denunciado anteriormente que han sido y son insuficientes. Nos oponemos a que se recorten, ya que por justicia social y distributiva sería necesario y urgente adecuarlas al coste real para hacer efectiva la gratuidad en los niveles obligatorios inmediatamente y, en los demás, progresivamente. Si consideramos el problema a nivel maeroeconómico, es clara la injusticia de que, siendo los alumnos no estatales más del 40 % del total, se les asigne solamente un 16 % del presupuesto del Ministerio de Educación. Hecho tanto más inadmisible cuanto que con la reciente reforma fiscal, nos pondremos a nivel europeo y aún superaremos a varias naciones.

Es absurda y contradictoria la pretensión de exigir a cambio de las subvenciones la renuncia a la confesionalidad de los centros. Los titulares de la gratuidad y de las subvenciones no son los centros, sino los padres de cada familia, que así pueden ejercer su derecho personal e inviolable a elegir para sus hijos el tipo de educación y de centro que prefieran, estatal o no estatal, confesional o no. No se puede imponer la aconfesionalidad de los centros a cambio de las subvenciones, porque va contra el fin intrínseco de las mismas: la libertad de elección, contra los derechos de las personas, derechos que no son negociables ni parcelables, y contra los pactos internacionales recientemente ratificados por España, que nos comprometen tanto a no dictar leyes que los contradigan como, positivamente, a promulgar leyes que pongan en ejecución dichos pactos.

Por último, y en cuanto a la autogestión, está fuera de duda la necesidad de la participación de los padres de familia y de los profesores en la marcha del centro. Pero rechazamos la autogestión por ir vinculada a un contexto de nacionalización de toda la enseñanza, de escuela pública única, con un pluralismo ideológico en el interior de cada centro. Tal sistema de participación, en el caso particular de la enseñanza, haría inviable la libertad y la democracia, pues conduciría a la dictadura sobre los espíritus que es la peor de todas.