Ineficacia, corrupción y despilfarro

UN dirigido por cuarenta congresistas y senadores de UCD, al presidente de su grupo parlamentarío, en el que solicitan la comparecencia del ministro de la Presidencia para explicar la política del Gobierno en materia de función pública y denuncian «la irracionalidad y corrupción actualmente existentes», honra a sus firmantes. Es ejemplar que unos parlamentarios del partido que ocupa hoy el Gobierno tomen la iniciativa para exigir de éste que suministre los datos hoy ocultos que permitan poner al descubierto el despilfarro y el cohecho. Y también es digno de elogio que en ese colectivo figuren funcionarios públicos que pidan la publicidad absoluta de los conceptos retributivos en la Administración del Estado. En esta misma línea de comportamiento se inscribe la petición de que se constituya una comisión parlamentaria encargada de Investigar sobre la corrupción administrativa. Como indican los firmantes del escrito, el cumplimiento del «pacto de la Moncloa» depende en buena parte de la eficacia, honestidad y sobriedad del sector público a la hora de ejecutar los acuerdos. La Administración pública española es una combinación de sectores del funcionariado que cumplen con su trabajo en condiciones económicas y, horarias peores de las que les ofrece la empresa privada, y una masa amorfa reciben un sueldo desproporcinado a su rendimiento, que incumplen descaradamente los horarios y que desmoralizan a los contribuyentes que se ven obligados a frecuentar las antesalas ministeriales. Estas observaciones se limitan al terreno de la eficacia y la productividad. Pero todavía más graves son« los casos de cohecho corrupción, cuando la función pública es utilizada como cobertura e instrumento para el ilícito enriquecimiento personal. Queda finalmente, un tercer aspecto: el puro y simple despilfarro en forma de pensiones de difícil justificación, la proliferación de coches oficiales, o las cuentas de gastos de algunos restaurantes.Más trabajo, ningún robo y supresión del despilfarro son las tres cosas que se pueden exigir a la clase gobernante y al funcionariado público. La creación de una cornisión parlamentaria consagrada al saneamiento de la Administración libraría a la prensa diaria y a las revistas el penoso deber de elegir entre la publicación de informaciones y noticias escandalosas y desmoralizadoras y el mantenimiento de un silencio cómplice.