Problemas procesales retrasan la aplicación de la amnistía

La atribución a las autoridades judiciales, con exclusividad, de la aplicación de la amnistia, está originando retrasos en la salida de las cárceles de algunos presos políticos a quienes, de acuerdo con el texto de la ley y según la interpretación de altas fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por EL PAIS, corresponde, sin lugar a dudas, ser excarcelados.

Uno de estos casos es el de Manuel Blanco Chivite, conmutado de la pena de muerte y cuya amnistía no ha sido aplicada todavía por la autoridad militar ni por la civil, lo que hace temer a la familia un conflicto negativo de competencias que habría de resolverlo el Tribunal Supremo, que supondría un nuevo retraso, de un mes aproximadamente.La dificultad para lograr el objetivo previsto por la amnistía -la salida de las cárceles de los afectados por ella- está siendo acusada por los abogados de algunos de los presos políticos que, como en el caso del señor Blanco, van de la jurisdicción civil a la militar, y de ésta a la civil.

El artículo noveno de la ley de Amnistía aprobada por las Cortes, tras un consenso entre todos los partidos, a excepción de Alianza Popular, establece que «la aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales correpondientes, quienes adoptarán, de acuerdo con las leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley»

La circular de la fiscalía del Tribunal Supremo, cursada a los fiscales de las audiencias territoriales y provinciales el pasado 21 de octubre, señalaba que se cuidará especialmente la puesta inmediata en libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión. Sin embargo, fuentes próximas a los abogados de algunos de los presos políticos que continúan en prisión han destacado que los destinatarios de la citada circular son exclusivamente fiscales civiles y no militares, aparte de que no aborda los problemas de competencia y de que, en todo caso, se trata de consejos sin carácter normativo.

Durante las reuniones de la comisión técnica parlamentaria que conjuntó los diferentes proyectos sobre amnistía. algún representante de la Oposición pidió que la amnistía fuera aplicada automáticamente por la Administración. En cambio, lo que sí propusieron los representantes gubernamentales fue que la autoridad judicial competente para la aplicación de la amnistía fuera aquella a la que, actualmente correspondería entender de las causas. No fue aceptado.