Un plan "aceptable" y vulgar

DESPUES DE quince días de largas negociaciones, el llamado «pacto de la Moncloa» se ha materializado en un documento detallado, que el próximo martes firmarán los partidos con representación parlamentaria y el Gobierno.Concluye de esta forma un período de. comentarios. intranquilidades y desconcierto en la opinión pública, que contemplaba cómo la situación económica se degradaba día a día sin que, como subrayamos en estas mismas páginas, el Gobierno se decidiera a gobernar. Este acuerdo tiene, entre otros aspectos importantes. el de suprimir todo pretexto para la inacción. Veamos, pues, los rasgos más destacados del mismo.

De sus nueve capítulos, los tres primeros suponen la definición del marco general en que se va a desenvolver la economía española en 1978. Aun sin ser demasiado concreto, se adivinan las tensiones a que va a estar sometida.

Los datos sobre evolución del presupuesto, cuantía del déficit, recurso a la financiación del Banco de España, crecimiento del dinero. topes al aumento de la masa salarial. posibilidades de reducción de plantillas y control de las prestaciones del seguro de desempleo, plantean un horizonte de crecimiento del producto muy bajo -apenas superior al 1%- con descensos fuertes en los capítulos de consumó privado e inversión y crecimiento de los precios al consumo a ritmos todavía superiores al 20 %; es decir, muy por encima de la media de los de la OCDE. La consecuencia inevitable es que, por un lado, las empresas menos sólidas se resentirán y son de esperar numerosas quiebras y, por otro, que el paro aumentará en cifras difíciles de precisar, pero, que no estarán por debajo de las 100.000 personas. En otras palabras, los próximos meses van a ser duros, pero lo cierto es que no cabía esperar otra cosa. Se ha perdido demasiado tiempo confiando en que cabía otro tipo de solución, y ahora es preciso pasar por una etapa de deflación más prolongada que la que hubiera sido preciso de haber adoptado estas medidas seis meses antes.

Está por ver cuál será la reacción de centrales sindicales y de empresarios. Ambos tienen, lógicamente, objeciones de fondo a los acuerdos de la Moncloa. Para las centrales, la limitación de los salarios en momentos de rápida inflación constituye una píldora muy amarga, cuya acidez se refuerza con su negativa a aceptar la posibilidad de que las empresas reduzcan sus plantillas. Para los empresarios, por el contrario, esa posibilidad es la única garantía de que pueden sobrevivir mediante la recuperación de niveles de productividad suficientes para alcanzar tasas de beneficio remuneradoras.

Poco puede objetarse al contenido de los capítulos segundo y tercero sobre reforma fiscal -de la que nos ocuparemos en un próximo editorial- y de control del gasto público en el cual debe alabarse la referencia a la necesidad de asegurar la independencia y eficacia de¡ hasta ahora prácticamente inexistente Tribunal de Cuentas. La Seguridad Social requiere un comentario por separado, siquiera sea porque se trata de un capítulo de gastos tan importante por sí solo como el presupuesto del Estado. A nosotros nos parece no sólo conveniente, sino imprescindible, que el control de esos gastos pase a depender de la Intervención General del Estado y del Parlamento en último lugar. Pero pensamos que la solución definitiva ha de transcurrir por otros senderos. Se impone, en nuestra opinión, dividir ese monstruo que es la Seguridad Social en piezas -la atención médica y hospitalaria, el seguro de paro, el régimen de pensiones- y adjudicar la gestión de cada una de esas áreas a ministerios distintos. Sobre esta idea también volveremos en un futuro.

De los restantes capítulos del acuerdo cabe destacar algunos temas que parecen haberse enfocado con singular acierto -la necesidad de un nuevo enfoque de la política energética y la creación de un ente nacional que coordine los hasta ahora dispersos intereses del Estado en los campos de la distribución, transporte, refino y producción; el ataque frontal a los problemas de especulación del suelo urbano, deficiente escolarización y mala política agraria.

En otros temas, sin embargo, vemos peligros evidentes. Así, en el sistema financiero se hace referencia a proyectos de ley sobre regulación de organismos rectores del Banco de España y del crédito oficial que pueden prestarse a utilizaciones demagógicas o partidistas. En el caso del Banco de España, en particular, el modelo debe ser el de aquellos países que tienen un banco central independiente del Gobierno y regido por personas cualificadas técnicamente y no al revés. Las referencias a la mediana y pequeña empresa suscitan también el temor de que, por afán de ayudar a empresas ineficientes, se monte un sistema costoso y entorpecedor del, eficaz funcionamiento del. sistema financiero. Por último, los deseos de potenciar el mercado de renta fija o liberalizar las funciones de los agentes mediadores en los mercados de capitales apuntan en la dirección correcta, pero deben plasmarse en normas sólo después de un estudio cuidadoso de todas las complejas consecuencias que esos cambios originarán en el mercado de capitales.

Si tuviéramos que resumir en pocas palabras los acuerdos logrados, diríamos que estamos ante un documento que fija un punto de partida aceptable, pero que corre el riesgo de convertirse en el habitual rosario de buenos deseos, tan característicos de los planes de desarrollo de la época franquista si el Gobierno no pone inmediatamente manos a la obra en la tarea de convertir esos capítulos en medidas operativas. O, dicho de otro modo, que los acuerdos de la Moncloa eliminan todo pretexto para no encararse con los problemas. Desde el martes, la consigna que el Gobierno debe tener en materia económica es muy simple: al trabajo.