El Ayuntamiento y los derechos humanos
De un tiempo a esta parte nuestros concejales están demostrando su gran pericia en materia económica, esgrimiendo recursos en una escalada increíble.Fue el numerito de los parabrisas, llamado «Tasa de Estacionamiento», su primer ensayo, acogido con risas, porque el estacionar fue siempre problema. En vista de lo cual, cambió de nombre por el de «Tasa de Circulación, cosa que tampoco se puede, al menos normalmente, pero como la cosa era de menor cuantía, fue aceptada por los madrileños, siempre propensos al buen humor. Una vez consolidada la cosa, dejó de ser broma, pasando al abuso al ser elevada su cuantía hasta cinco veces en algunos casos, lo cual causó la protesta masiva, los impagos indignados y hasta la rotura de algunos parabrisas que lo ostentaban, actitud nunca justificable, pero comprensible.
Los miles de millones obtenidos con esto asombrarán a los madrileños cuando la transparencia económica sea un hecho. Posteriormente, y como la fiscalía del automóvil ya no tiene espacio para recibir nuevos impactos, la cosa cambió a la Tasa de Recogida de Basuras, muy elevada, por cierto, pues a 1.500 pesetas semestrales por vivienda, una casa de 35 vecinos paga al año 105.000 pesetas. Tampoco hubo protestas y la cosa pasó.
Tonificados por los éxitos, nuestros ediles, que, según parece, no tienen otra cosa en qué pensar, descubrieron una nueva mina, tan profunda como lo es el alcantarillado, y en sesión plenaria del pasado día 28 de diciembre del 76 (Día de los Inocentes), decidieron dar una inocentada a los sufridos madrileños, acordando alegremente considerar como «ente tributario» no a la finca en su totalidad, como dice la ley, sino a cada uno de los pisos y viviendas que en él existen, con lo cual en nuestro ejemplo anterior el impuesto queda multiplicado por 35, que ya es multiplicar, pues el desagüe sigue siendo el mismo.
Todo esto induce a pensar hasta qué punto el ciudadano pacífico puede quedar inerme y desamparado frente a cualquier desafuero de que pueda ser objeto y, como consecuencia lógica, si los tan cacareados derechos humanos son de aplicación en materia económica, pues el recurso ya está presentado, según tengo entendido, pero el pago sigue en pie y hay que efectuarlo en el período establecido si no se quiere incurrir en los recargos y penas establecidos.
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