Carter y Torrijos intentan salvar el tratado sobre Panamá
Preocupados por encontrar una fórmula que les permita, en palabras del presidente norteamericano, Jimmy Carter, «vender el mismo producto en dos mercados diferentes», el presidente estadounidense y el jefe del Gobierno panameño, Omar Torrijos, se entrevistaron ayer en la Casa Blanca para «clarificar» algunos términos ambiguos del nuevo tratado sobre el canal de Panamá.
El general Torrijos llegó a Washington, por invitación de Jimmy Carter, en su viaje de retorno a Panamá, después de una gira por Europa y Oriente Próximo. La entrevista entre los dos líderes se consideró necesaria ante la creciente oposición que está sufriendo el nuevo acuerdo por parte de los medios conservadores norteamericanos y que amenaza con impedir la ratificación del mismo por el Senado estadounidense.
El problema principal radica en las diferentes interpretaciones que hace cada parte de los términos, deliberadamente ambiguos, en los que se hace referencia al derecho de Estados Unidos de defender militarmente el canal después del año 2.000, cuando éste sea de plena soberanía panameña. Mientras que los defensores del tratado en Norteamérica dicen que tal derecho de intervención se desprende del texto del mismo, en Panamá se argumenta que tal intervención sería una injerencia en los asuntos internos de otro país.
Retraso en el comunicado
En su conferencia de prensa del jueves, Carter reconoció que el tratado necesitaba algún tipo de clarificación, especialmente en vísperas del referéndum que se celebrará el día 23 en Panamá para ratificar el acuerdo. El presidente indicó que tales aclaraciones se incluirían muy probablemente en un comunicado conjunto hecho público después de la entrevista de ayer.Sin embargo, tras el encuentro de noventa minutos mantenido por Carter y Torrijos, tal declaración brilló por su ausencia. Negociadores panameños y norteamericanos continuaban reunidos en la tarde de ayer y no se descartaba la posibilidad de que el comunicado conjunto se diera a conocer en la madrugada del sábado, hora española. Este retraso podría significar que las diferencias de interpretación del tratado son más profundas de lo que se esperaba.
En cualquier caso, ni Carter ni Torrijos pueden ahora modificar el texto de un acuerdo que se firmó solemnemente en Washington el pasado 7 de septiembre y en presencia de la mayoría de los dirigentes latinoamericanos. La única forma de «vender el producto» será a través de la esperada declaración conjunta, suponiendo que ésta sea lo suficientemente clarificadora del derecho de intervención militar estadounidense como para acallar a los detractores del tratado.
Mientras que una reciente encuesta señala que 240 generales, y almirantes de las fuerzas armadas norteamericanas se oponen a la ratificación del nuevo tratado, para lo cual se necesitan los votos de dos tercios del Senado, un grupo de representantes conservadores intentaba conseguir una sentencia del Tribunal Supremo, por la que la cesión de la soberanía sobre el canal se considere como enajenación de territorio nacional y precise, por tanto, de la aprobación de las dos Cámaras legislativas en vez de solamente la del Senado.
Dos antiguos secretarios de Estado, Dean Rusk y Henry Kissinger, testificaron ayer ante el comité senatorial encargado de discutir el tratado, y se mostraron favorables al mismo, aunque Rusk criticó la poca habilidad con que la Administración Carter había manejado el problema. Por su parte, Kissinger dijo que el derecho de intervención militar estaba implícito en el tratado, si bien los términos en que está expresado son un tanto ambiguos. «Pero la ambigüedad es, por supuesto, la esencia de la diplomacia», añadió.
