La hora del consenso

HOY SE inician en el palacio de la Moncloa unas conversaciones que pueden resultar de importancia capital para el futuro de la democracia en España. La necesidad de reformar el Código Penal, de replantear la concepción, hasta ahora dominante, del orden público y de someter a un eficaz control parlamentario el uso de los medios de comunicación estatales son, como desde estas mismas páginas indicábamos ayer, puntos en los cuales Gobierno y Oposición deben llegar a un acuerdo básico. El otro tema que con ellos dominará las conversaciones de la Moncloa será la discusión del plan económico que, según nuestras noticias, está ya ultimado.La necesidad de discutir primero con los partidos ha hecho que los detalles de ese plan sean uno de los secretos mejor guardados de la Administración; algunas orientaciones, ciertas cifras hipotéticas se han aventurado en las páginas de periódicos y revistas. Pero la verdad es que tal curiosidad es en gran parte ociosa. Los problemas de la economía española son conocidos de todos y hay que estar muy ciego para no darse cuenta del estrecho margen de maniobra con que cuenta cualquier equipo económico decidido a conseguir sanear una situación que no puede materialmente degradarse más si no es con riesgo de afectar a nuestras nacientes libertades.

El problema básico que hoy tiene la economía española consiste en la necesidad de lograr un compromiso que permita dominar la inflación y, después de unos meses de estancamiento económico, reanudar el crecimiento sobre bases más sanas, de tal forma que la reducción del paro no sea un espejismo momentáneo. Este giro radical de nuestra economía no puede conseguirse sin un cambio en las expectativas, hoy en día pesimistas, que dominan a todos los agentes económicos. Ello supone una responsabilidad de primera magnitud en el comportamiento del sector público.

Es absolutamente prioritario que en 1978 el sector público en su conjunto dé al país una imagen de austeridad en su quehacer económico y de rigurosidad en la consecución de un equilibrio presupuestario fuera de toda discusión. Lo que se ha dado en llamar «un presupuesto de cristal» debe reflejar el empeño del Gobierno por conseguir unos objetivos definidos de forma muy estricto para todos los entes públicos, llámense éstos Seguridad Social, crédito oficial o empresas públicas.

Ese equilibrio presupuestario es tanto más indispensable cuánto que, de no lograrse, el sector público necesitaría una financiación adicional que se restaría al sector privado. El mantener la actual política monetaria obligará al sistema crediticio a un cierto razonamiento de fondos que, en modo alguno, conviene agravar mediante financiación adicional al sector público.

En esta coyuntura las empresas van a pasar por una situación ciertamente delicada cuyos límites deberían ser comprendidos por todos. La noticia de que los sueldos de los funcionarios públicas no aumentarán más del 21% indica claramente que el Gobierno está pensando en una cifra muy similar como tope al crecimiento nominal de los salarios durante 1978. Por otra parte, las escasas previsiones que sobre la marcha de los precios en ese año se conocen, indican que por muy fuerte que sea la desaceleración del ritmo de inflación, los precios al consumo no serán menores del 20%, medido como media anual. Esto deja poco más de un punto como ganancia real de los salarios, ganancias que, lógicamente, serán mayores en los tramos más bajos de salarios. ¿Qué respuesta darán las centrales a estas cifras? Es difícil aventurar hipótesis, pero parece razonable pensar que aumentos superiores de los salarios sólo los soportarían un puñado de empresas y que se corre el riesgo de desencadenar una serie de suspensiones de pagos y de quiebras de consecuencias incalculables para el futuro de nuestra economía. A ello se añade el que si la evolución de los precios durante el segundo semestre de 1978 es razonablemente esperanzadora, en el próximo otoño será posible conseguir aumentos de salarios reales para 1979 más considerables.

Si estas coordenadas tienen algún viso de verosimilitud, 1978 será un año duro, pero un año decisivo. El crecimiento del producto será modesto y, por tanto, el paro se estancara o aumentará muy ligeramente, a cambio se habrá dominado la inflación y reducido el déficit exterior a cifras compatibles con una evolución razonable de las magnitudes interiores.

Se trata, en resumen, no de salvar la economía sino de defender la democracia. La ola de prosperidad que durante muchos años dominó la vida de las sociedades occidentales ha hecho olvidar a muchos el valor de la libertad y el coste de defenderla. Los españoles podemos, acaso mejor que nadie, valorar ese coste porque durante cuarenta años hemos vivido bajo una dictadura. Las conversaciones de hoy son una puerta a la esperanza. Quienes acudan a la Moncloa tienen sobre sí una responsabilidad innegable. Como representantes elegidos democráticamente deben darse cuenta de que su representación no puede ser clasista; no deben hablar unos en nombre de los empresarios y otros en nombre de los obreros, sino todos en nombre de los españoles. Y en nombre de todos estar dispuestos a conseguir un consenso a cambio de ceder pretensiones y pedir contrapartidas razonables.

Sólo cabe esperar que al final de las conversaciones se abra un horizonte de confianza para el futuro de la libertad en España.