Fondo de ayuda a los países candidatos y declaración de principios democráticos

En relación con las líneas generales de acción inmediata, el informe de la Comisión Europea destaca la necesidad de que la CEE, ante una nueva ampliación, debe definir su política industrial para asegurar su «tasa de desarrollo elevada» y para dar a conocer a las naciones candidatas su contenido de manera que éstas puedan orientar también su producción, en especial en «los sectores textil, siderúrgico y construcción naval».Para la Comisión, la definición de una política industrial concreta se basa en el establecimiento de unas «inversiones estructurales» como pilares inmediatos del desarrollo industrial que se quiere conseguir. Inversiones orientadas a sectores que permitan la consecución de empleos y que deben acompañarse con un «gran esfuerzo de formación profesional», lo que a juicio del Colegio de Comisarlos de Bruselas atraería «el capital extranjero» y permitiría a los países candidatos «conocer cuáles son los sectores de su economía que conviene desarrollar». El documento de la Comisión apunta, como sectores esenciales, para promoción Inmediata y consecución de puestos de trabajo, «las carreteras y autopistas, las líneas ferroviarias y la construcción».

El documento reconoce que los presupuestos de los países candidatos se verían duramente afectados por el desarrollo de estas empresas. Propone, por ello, que esta política sea equilibrada por un «sostén monetario internacional, principalmente de origen comunitario», a fin de evitar que una política a medio plazo y de saneamiento se traduzca en recesión, lo que, para los países candidatos, supondría el distanciarse aún más de los de la Comunidad.

En este apartado la Comisión se interroga sobre la posibilidad y necesidad de poner en marcha «por un tiempo limitado o durante el período de adhesión de los tres Estados candidatos, de instrumentos o de un fondo destinado exclusivamente a enfrentar estos problemas».

La Comisión insiste en la importancia de este fondo, que, a su juicio, debería ser extendido también a las regiones subdesarrolladas de los « Estados mediterráneos que mantienen acuerdos de libre cambio y de cooperación con la CEE -países árabes, Israel y Malta, entre otros- ».

Seguidamente el documento recomienda que «durante el período de negociación y, después durante los de transiciones más o menos largas, sería recomendable prever ciertas limitaciones a la libre circulación de bienes y de servicios y de mano de obra», lo que constituye un duro golpe para los candidatos.

Política agrícola

El hueso duro de la ampliación de la CEE lo es, sin duda, la política agrícola comunitaria. La Comisión distingue aquí dos tipos de problemas y de acciones diferentes: los problemas de la Europa verde actuales y los que surgirán con la ampliación de la CEE. «Se trata de encontrar soluciones inmediatas a los problemas planteados y, en la medida de lo posible, a medio plazo, realizar reformas necesarias para que la adhesión de los tres nuevos Estados no agrave los problemas existentes», afirma la Comisión, que, seguidamente revela la dualidad existente entre una opción y la otra: «Ocurre que las soluciones propuestas por algunos países para el problema intracomunitario comprometen y agravan la situación de los candidatos.»

La Comisión se refiere al deseo de Francia e Italia de proteger sus productos -que son competencia de los españoles, en muchos casos- y de no subvencionar, como hasta ahora, las agriculturas protegidas del norte comunitario. La Comisión se interroga: « La cuestión está en saber si el reforzamiento de una política esencialmente basada sobre el sostén de los precios no arriesga, en una Comunidad a doce, de provocar la aparición de excedentes masivos, que podrían ser evitados con un ajuste de las estructuras actuales.»

La Comisión concluye que debe buscarse un equilibrio entre la agricultura del sur de la CEE y la competencia que surgirá con la ampliación de la Comunidad. La Comisión no se pronuncia sobre la prioridad o simultaneidad de ambas-soluciones, que parece será tema de debate del Consejo de Ministros. No obstante, los comisarios se declaran decid ¡dos a tomar soluciones inmediatas sobre una reforma parcial de la actual Europa verde en favor de Francia e Italia, que luego condicionará la segunda opción agrícola: la llegada de los tres nuevos países.

De todas maneras, el informe señala que, de cara al largo plazo y a la ampliación de la CEE, se hace necesario que la Comunidad estudie el conjunto de su política agrícola y añade: «Sería deseable que los resultados de un tal examen y sus consecuencias estén disponibles antes de que la Comisión termine sus dictámenes sobre España y Portugal.» El objetivo de esta operación estaría destinado a buscar una salida al tema de los «excedentes agrícolas».

Política regional y social

Terminado el capítulo agrícola, el documento de la Comisión se pronuncia en favor de un estudio inmediato por la administración comunitaria de los sectores afectados por las políticas «regional, social y de transportes» de la EE, así como de la situación de la Banca Europea de Inversiones, todo ello de cara a las posibles nuevas adhesiones. Para la política regional, la Comisión se propone estudiar la posibilidad de establecer una conexión entre su Fondo Regional y su Fondo Europeo de Organización y Garantía Agrícola (FEOGA). Para la política social, la Comisión propone un gran programa de formación profesional, con la ayuda del Fondo Social europeo.

Al informe de la Comisión se le suma el proyecto de la CEE de establecer una declaración sobre los principios democráticos de la CEE, que dejará claramente señalada la posibilidad de expulsión o congelación de todo país que viole dichos principios -con vistas a alguna eventual involución política de España, Grecia o Portugal- El documento termina con un total de cinco anejos de documentación: el memorándum de Francia e Italia sobre la política agrícola común; el informe de las agrupaciones profesionales agrícolas sobre la Europa verde, estadísticas de renta per cápita y producto nacional bruto; estadísticas de población, y calendario de trabajos inmediatos.

De este último anejo cabe destacar lo siguiente: la Comisión aconseja al Consejo de la CEE que tramite pronto la apertura del procedimiento de la adhesión: «Es indispensable que los plazos sean respetados porque España no estará dispuesta a negociar la ampliación del acuerdo de 1970 hasta que su candidatura no sea tomada en consideración.»

Se incluye, en este supuesto chantage hispano la posibilidad que tenía Madrid de no dar el sí jurídico a la adaptación de seis a nueve del acuerdo de 1970 concluido en julio y que la CEE aún espera ampliar un poco.

El calendario estima que el dictamen sobre la adhesión de España podría estar terminada para el otoño de 1978, mientras que el de Portugal lo sitúa en los primeros meses del mismo año.