Nóminas secretas y control del gasto público

LA PUBLICACION de una nómina fantasma de la AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, organismo residual que ha recogido los restos de la Organización Sindical) plagada de personas que tienen asignadas retribuciones legales, aunque no respondan al desempeño de una actividad específica y concreta en dicho organismo, ha puesto a plena luz el espinoso pero inaplazable- tema del control del gasto público. En unos momentos de grave crisis económica, cuando el Estado debe hacer acopio de todos sus recursos para salir a flote, cuando además se pretende pedir al pueblo una serie de sacrificios importantes, es evidente que la Administración debe empezar la primera a dar ejemplo, poner en orden sus propias cuentas y exponerlas con toda claridad a la opinión pública, después de tantos años de gastos incontrolados y gestión irresponsable -pues no era responsable ante nadie- del poder ejecutivo.Este problema aparece más claro, desde luego, en ejemplos como este primero que ha saltado a la luz, el. de un organismo creado apresuradamente para albergar transitoriamente un personal bastante considerable y un patrimonio no menos importante que debe pasar a manos de la representación de la clase trabajadora lo antes posible. El sindicalismo vertical ha desaparecido, pero queda el problema de su patrimonio, y de sus 34.000 funcionarios que actualmente se intentan distribuir en distintos departamentos de la Administración. Los fondos de la antigua cuota sindical, hoy también desaparecída, sólo alcanzarán, por lo que parece, para cubrir las necesidades de la AISS hasta finales de este mismo mes. ¿Qué pasará después? Los responsables del Ejecutivo pugnan por efectuar esta compleja distribución de personal y de organismos. Las Cortes tienen en estudio, actualmente, la atribución a la AISS de un suplemento presupuestario de unos 5.000 millones de pesetas para hacer frente a sus necesidades.

Nada hay que objetar a ello. Es de justicia que aquellos que accedieron a ese peculiar estamento de la Administración por su aptitud profesional o que le han dedicado lo esencial de su actividad, no se vean privados, por estos reajustes administrativos en el tránsito hacia estructuras más democráticas, de lo que por lo general constituye la base de su sustento. Pero precisamente por ello, y en contrapartida, se hace necesario un total y absoluto control del gasto público, sea cual sea su ámbito de aplicación. Y ello en contraste con las irregularidades que se puedan testimoniar.

Asignaciones honoríficas o recompensas a lealtades personales o pedigrees de adhesiones son siempre una inmoralidad, máxime cuando se hace con fondos públicos. Las cuentas de la Administración deben ser discutidas y aprobadas, partida por partida, con toda meticulosidad, por los representantes del pueblo, pues el Parlamento es el encargado de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La opinión pública debe conocer también estas cifras, pues sólo de este conocimiento puede nacer su confianza, y su aceptación, en principio, de los sacrificios que se le van a pedir. Otro tema aparece en, el horizonte, como el de las cuentas de la Seguridad Socia! cuyos presupuestos, que rebasan los ochocientos millones de pesetas anuales, van a pasar al parecer del billón. ¿Quién controla estas cifras? Por lo visto ni siquiera el Ministerio de Hacienda, y desde luego no las Cortes, y hasta se intentan maniobras para que sea la propia Seguridad Social la que se controle a si misma por el intermedio de nuevos órganos que se pretenden crear al respecto. La Seguridad Social, sin embargo, merece una investigación pública sobre el estado de sus cuentas, la Empieza de las mismas y las asignaciones del gasto. En cosas así radica la esencia del nuevo Régimen, y en la ocultación de la corrupción y el abuso radicaba el asentamiento del antiguo.

Austeridad y limpieza se consiguen solamente con la publicidad y el control. Y para eso, entre otras cosas, España cuenta ya con un verdadero Parlamento.