El Sahara:¿un callejón sin salida?

EL PLENO de las Cortes sobre la política exterior española debería ser una contribución importante a la clarificación de las grandes opciones internacionales que hoy se abren a nuestra política.El del Sahara es quizá uno de los problemas heredados del antiguo Régimen que más hiere la sensibilidad de la opinión pública y más incita a la acción parlamentaria de los partidos de Oposición. La discusión de este problema, sin embargo, no debe conducir a nuevos bloqueos diplomáticos y políticos, en una zona del mundo cuya paz y estabilidad en el cambio son tan vitales para España.

Mantenida irresponsablemente la doctrina de la provincialidad del Sahara hasta 1974, en ese año el Gobierno y el Jefe del Estado abrazaron la doctrina de la independencia por medio de la autodeterminación. Poco más de un año después, ese mismo Gobierno y ese mismo Régimen realizaban un expeditivo cambio de opinión, por el cual ponían el territorio en manos de aquellas potencias contra las que, precisamente, se había mantenido la tesis de la independencia.

El espectacular cambio de rumbo se realizó bajo la más escandalosa evidencia de una presión intolerable por parte de Marruecos, (la marcha verde) caos en los niveles de Gobierno, y fuertes sospechas de corrupción de alto vuelo.

Las cosas fueron así, y no hay por qué ocultarlo. Ahora bien, ¿se puede deshacer el entuerto sin crear problemas insolubles para la política internacional española? Si no se quiere caer en un revisionismo histórico comparable, aunque menor, al desesperado e inútil debate que siguió a la pérdida del 98, el país y el Parlamento deben guiar su aproximación al tema teniendo presente, sobre todo, los intereses de la sociedad española, los del equilibrio y la paz en el sistema geopolítico en que se inserta el Sahara (donde se hallan también las provincias Canarias) y las aspiraciones compatibles de la población saharaui, que sigue privada del derecho a la autodeterminación.

Interesa a España el pacífico intercambio con toda la región del Magreb, que registra una favorable realidad en el caso con Marruecos, y una inmensa promesa en el de Argelia. Interesa, en el espacio mogrebino, que no haya guerra irregular entre polisarios por un lado y marroquíes y mauritanos por otro. Los polisarios buscan que su lucha reciba el aval suplementario de un apoyo español a su causa, porque ello constituiría una desautorización moralmente decisiva, del origen de sus males. Por eso están interesados en que triunfe la tesis del PSOE y otros partidos de izquierda, para no ratificar el acuerdo de Madrid. Y a ser posible denunciarlo.

Los errores de la política exterior española en el pasado y la complicada situación en el Norte de Africa, en la que estadounidenses y soviéticos pugnan también por imponer su influencia, sitúa a la diplomacia de la España democrática en una posición de muy difícil salida. Cualquier simplificación, venga del Gobierno o proceda de la oposición, puede tener incluso consecuencias dramáticas para nuestro país.

La denuncia del Acuerdo de Madrid supondría una gravísima crisis con Marruecos y Mauritania, el aumento de la presión anexionista sobre Ceuta y Melilla, la amenaza potencial contra las Canarias y daños seguros para nuestros intereses residuales en Marruecos. La segunda solución, la simple no ratificación de esos pactos, aliviar a la tensión con Marruecos pero no dejaría de crear serios quebrantos. No hay que olvidar que Madrid y Rabat tienen pendiente la ratificación del convenio pesquero, que forma parte del Acuerdo de Madrid.

En cualquier caso, es conveniente recordar que en el pacto de 1975 el Gobierno español se limitó a entregar a Marruecos y Mauritania la administración del territorio de Río de Oro; y que no realizó -no podía hacerlo- una transferencia de soberanía. Las pretensiones anexionistas de Rabat y Nuakchott ni siquiera tienen el refrendo de las Naciones Unidas (cuya resolución 3.458B tomó nota del Acuerdo de Madrid y solicitó a la administración provisional del territorio que hiciera posible el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los saharauis) y de la Organización de la Unidad Africana, que no ha llegado a pronunciarse sobre la cuestión. En esta perspectiva, incluso la ratificación del Acuerdo de Madrid por España no equivaldría, en pura teoría, a prejuzgar la cuestión de la soberanía del Sahara ni a privar a sus habitantes del derecho a autodeterminarse.

Ahora bien, de la teoría a la práctica hay un considerable trecho. Los dos últimos años de guerra y conflicto en el Sahara dejan pocas dudas acerca de que Marruecos y Mauritania esgrime n títulos de soberanía para la ocupación del territorio. Y aquí interviene, no sólo la lucha de los saharauis para constituir un Estado independiente, sino la política y los intereses de Argelia. Todo ha de suponer que la ratificación por España del Acuerdo de Madrid sería interpretada por el Gobierno argelino como un acto inamistoso. España se halla interesada en mantener las mejores relaciones con la nación argelina, que nos ofrece excelentes posibilidades para los intercambios comerciales y el suministro de energía. Sin olvidar que Cubillo radia desde Argel sus insensatos llamamientos en favor del independentismo canario, y que éste es un nuevo elemento de presión esgrimido desde Argelia, como el de Ceuta y Melilla en el caso marroquí.

De este callejón casi sin salida en que la política exterior franquista metió a España no nos puede sacar ni una lamentación sobre el pasado, ni una alineación unilateral con alguna de las partes en conflicto. Aunque en el aspecto histórico tengamos graves reproches que hacernos, en el terreno político, nuestra solidaridad con los saharauis difícilmente puede traspasar las fronteras de la ayuda humanitaria y de la acogida de refugiados en nuestro territorio como exiliados políticos. Sobre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana recae la responsabilidad de llevar a la mesa de las negociaciones a las tres naciones norteafricanas en conflicto; y, eventualmente, de hacer posible que la población saharaui ejerza el derecho a decidir por sí misma su destino. Por lo tanto, España debe comprometerse solemnemente a pedir ante las Naciones Unidas que intervengan para que se cumplan sus resoluciones, que hasta ahora parecen papel mojado.