Nuevas concesiones gubernamentales a los parlamentarios

El Gobierno ha transigido ya en prácticamente todos los puntos que reclamaban parte de los parlamentarios catalanes -concretamente los socialistas- con relación a los acuerdos previamente logrados con Josep Tarradellas en vista al restablecimiento de la Generafitat, señalaron ayer a EL PAIS fuentes parlamentarias catalanas.Las mismas fuentes expresaron su sorpresa por el hecho de que, paralelamente a las importantes concesiones gubernamentales, los socialistas hayan incrementado sus peticiones, apareciendo algunas nuevas. Ello -en opinión de los informantes- aumentaría el valor de las interpretaciones -ya señaladas en estas páginas- que apuntan a un posible temor por parte de los socialistas de que el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña obrase en contra de su opción política en el terreno electoral, en ocasión de las próximas elecciones municipales.

Las concesiones gubernamentales son de varios órdenes y del mayor interés. Por un lado, el Gobierno ha aceptado marginar del futuro consejo -Gobierno autónomo- de la Generalitat a los actuales presidentes de las diputaciones provinciales. En el futuro, cuando los cargos de presidente de la Diputación Provincial fuesen de elección democrática, dichas personas podrían incorporarse al consejo de la Generalitat, pero no en la actualidad, por ser cargos de designación directa.

El Gobierno también ha admitido, según las fuentes informantes, que el régimen interior de la Generalitat fuese sustancialmente elaborado por una comisión cuya composición sería prácticamente la de la actual comisión permanente de la Asamblea de Parlamentarios. Una vez restablecida la Generalitat, esta comisión, eminentemente parlamentaria -a la que posiblemente se añadiría un senador de designación real-, elaboraría un régimen interior que establecería, sin duda, la tan solicitada Asamblea de Parlamentarios. Ello se llevaría a cabo en base al artículo 6 del decreto de restablecimiento de la Generalitat pactado entre Tarradellas y el Gobierno.

Otra solución brindada por el Gobierno consistiría en reconocer de inmediato a una Asamblea de Parlamentarios de treinta personas en el marco de la Generalitat. Veinte de estas personas serían parlamentarios, seis designados por el presidente de la Generalitat y cuatro procederían de las actuales diputaciones.

Todas estas fórmulas que cubren prácticamente en su totalidad las demandas de los parlamentarios han sido, añaden las fuentes, rechazadas por los socialistas. Las mismas fuentes precisan que los socialistas no se han limitado a rechazar estas nuevas concesiones gubernamentales, sino que han incrementado sus demandas, cuya formulación calificaron, no obstante, de ambigua. Así, los socialistas se inclinan ahora a favor de que el presidente de la Generalitat no sea nombrado por el Gobierno, sino por los parlamentarios. Es evidente que esta fórmula equivale a partir de cero, ya que Tarradellas fue elegido interlocutor por el Gobierno y que esta moción le fue formalmente reconocida por los parlamentarios. Aun en el caso extremadamente improbable, por no decir imposible, de que el Gobierno la aceptara, gran parte de los parlamentarios se opondrían a esta nueva fórmula con toda energía.

Partiendo de estos hechos, los parlamentarios informantes vinculan directamente la actitud de los socialistas a los criterios del Partido Socialista Obrero Español a nivel de toda España. Señalan que un restablecimiento de la Generalitat afirmaría en Cataluña las posturas de izquierda moderada, de centro y de los nacionalistas catalanes. Todo ello, añaden, iría en detrimento del voto socialista. Las mismas fuentes señalan que, curiosamente, son los socialistas, es decir, un partido no autodefinido como nacionalista, quienes en estas últimas semanas están protagonizando reivindicaciones que superan las formuladas por grupos nacionalistas radicales.

Ante el callejón sin salida en que se encuentra el proceso de restablecimiento de la Generalitat, los parlamentarios informantes señalaron que los socialistas habían ya iniciado contactos con partidos políticos con la finalidad de convocar el próximo día 15, aniversario del fusilamiento del presidente Companys, una jornada de lucha.

Las fuentes señalan que la convocatoría de esta jornada ha originado ya recelos en los medios políticos consultados por los socialistas -curiosamente incluso en medios nacionalistas radicales-, quienes señalaron que Companys fue condenado por un consejo de guerra y fusilado por un pelotón militar, hechos que al ser recordados en este momento concreto mediante una manifestación masiva podrían incidir negativamente en la delicada negociación en curso, en la cual el Gobierno podría ser objeto de apreciaciones críticas por parte de instituciones del Estado.

Ante el endurecimiento de la postura socialista, cuyo radicalismo destaca por encima de todos los partidos nacionalistas y también muy por encima de los Comunistas catalanes, solamente se intuye una posible solución a la crisis creada. En este sentido es de recordar las buenas y viejas relaciones existentes entre Jordi Pujol y los comunistas catalanes, hecho al que hay que añadir que tanto el partido de Pujol como los comunistas están mucho más predispuestos a una colaboración directa con Unión de Centro Democrático que no los socialistas, quienes mantienen en Cataluña al igual que en el resto de España, una clara postura de antagonismo con el partido de Adolfo Suárez.

En este orden de cosas ya se habla insistentemente en Cataluña de un «pacto histórico a la catalana», en el cual, al igual que en Italia, los socialistas podrían resultar los grandes perdedores.