La imagen del Parlamento

EL PAIS regresa de unas vacaciones presumiblemente amargadas por la inflación y hasta por el mal tiempo veraniego. Comienza el año político con preocupantes nuevas: el coste de la vida ha subido un 17% en los últimos siete meses; el volumen de efectos impagados puede considerarse espectacular; hay pocos créditos; cerca de 7.000 empresas en todo el país se encuentran al filo de la suspensión de pagos; sombríos rumores de falta de tesorería se expanden acerca de empresas tenidas por muy sólidas; comienza a tomar cuerpo la posibilidad, nada exagerada, de que el empresariado del País Vasco eche el cierre; la inflación estimada para fines de año puede alcanzar el 30 %, cuando los demás países de la OCDE, con una inflación media del 7%, la tienen por preocupante. Concretamente, Francia se desvela ante la posibilidad de terminar 1977 con un 9% de inflación.Hasta aquí algunos datos económicos propios y comparativos, a los que cabría sumar cierto alarmismo público ante la situación política, cuyo rumbo no aparece claro. Sabemos que el Gobierno, tras ganar las elecciones, aún tantea su camino ideológico sin hallarlo, y que se limita a administrar el país con los residuos de la burocracia estatal canovista, que con más de cien años de existencia pervivió hasta 1975.

Así las cosas, llegamos al primer pleno de trabajo de las Cortes -los anteriores fueron autoorganizativos-, y la opinión pública accede un punto atónita al espectáculo de una riña aparentemente menor entre el Gobierno y el partido mayoritario de la Oposición, a. cuenta de las agresiones presuntamente sufridas por un diputado socialista a manos de la fuerza pública.

Parece que el hemiciclo vaya a ser el campo de Armagedón, donde la Biblia sitúa la batalla final entre fuerzas del bien y del mal. Se elaboran largas listas de agentes de orden público muertos en servicio; de otra parte, se confeccionan estadillos de toda la sangre que ha costado la democracia desde el 20 de noviembre de 1975 acá. Se rebusca en los archivos de los sanatorios para levantar a un diputado antecedentes clínicos. El ministro del Interior nos depara un discurso de corte franquista, nutrido de obviedades, y en el que sólo le: ha faltado recordar a los señores parlamentarios que los agentes del orden también tienen madre.

Con un poco de perspectiva no es difícil ver cada uno de los árboles de este bosque en que ha devenido el llamado «caso Blanco».

De una parte, un intento clarísimo de trivializar la dignidad de la función parlamentaria y la figura jurídica de su inmunidad.

De otra, pretender demostrar a un país, preocupado por su situación general, que el sistema parlamentario no pasa de ser una caja de vanidades y querellas personales ode partidos.

Finalmente y descartada por prematura una salida fascista, amedrentar a las clases medias con los datos ciertos (pero no insolubles) de la situación económica,y presentar la opereta de una Cámara legislativa abandonada a cabildeos de partido, venganzas de facción y tendedero de ropa sucia, ajena a los auténticos y grandes problemas del país.

Es elemental que no sólo el PSOE, sino toda la Cámara debe velar por la dignidad parlamentaria supuestamente agredida en la persona del diputado Jaime Blanco. Y e Gobierno, que también está en el Parlamento, y que gobierna tras unas elecciones legislativas, debería haber tenido la elegancia de ser el primero en la defensa de la Cámara, en vez de empecinarse en una justificación de papel de las fuerzas de orden público a nivel de prirmer curso de Formación Política Nacional.

Lo que no ha pasado de incidente callejero de fácil arreglo entre unos caballeros del Gobierno y otros de Ia Oposición, ha devenido en una especie de caso Mateotti que algunos quieren llevar a extremos de ridículo.

La conclusión primera, insistimos, es de fácilextracción: he aquí una Cámara parlamentaria perdiendo el tiempo en formalismos cuando peligra la vida económica del país. La sombra de Pierre Poujade se levanta sospechosamente tras esta historia menor, por más que su satisfacción sea irrenunciable. Tan cierta es la crisis de nuestra economía, como evidente el derecho de los parlamentarios y de sus electores a no ser maltratado, por los responsables del orden. Pero los poujadistas, que se adivinan en el horizonte, ya han logrado confundir las cosas, dar al país una imagen. menoscabada del Parlamento, asustarle con datos económicos graves, y terraplenar un previsible campo de aterrizaje para la derecha autoritaria de siempre, que terminará pidiendo lo que siempre ha pedido: su cirujano de hierro.