El Gobierno, dispuesto a acelerar la reforma del Código Penal

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, presentará a las Cortes, una vez que sea aprobado el nuevo reglamento del Congreso y Senado, un paquete de reformas legislativas que modificarán sustancialmente las leyes penales, civiles, mercantiles y de enjuiciamiento criminal, con el fin de ensanchar el marco de las libertades públicas. Estas reformas legislativas constituirán parte destacada del programa que el Gobierno presentará al Parlamento en el nuevo curso político.

El paquete de medidas legales, que se refiere concretamente a la despenalización del adulterio y amancebamiento -para lo que hay que reformar el Código Penal-, derechos de filiación y régimen económico matrimonial, derecho de la intimidad y estatuto de las libertades públicas, está prácticamente ultimado y será presentado como anteproyectos de ley a las Cortes cuando lo decida el presidente Suárez.Según fuentes del Ministerio de Justicia,el informe sobre la despenalización del Código Penal, elaborado por la Comisión General de Codificación, informe que está prácticamente terminado, se basa en que «la conciencia social no reconoce hoy como delito el adulterio y que la legislación vigente se basa en la discriminación sexual».

Otra cuestión, en parte relacionada con la discriminación sexual, es la del aborto, sobre cuya despenalízación no se ha estudiado ningún proyecto. Sin embargo, el Gobierno tendría la intención de despenalizar también el uso de anticonceptivos. Para evitar la discusión pública de la legalidad o no del aborto, el Gobierno podría retrasar la modificación del Código Penal sobre la despenalización de los anticonceptivos.

El divorcio será objeto de una ley especial que no podrá presentarse a las Cortes mientras no se apruebe la nueva Constitución, ya que las Leyes Fundamentales vigentes establecen la indisolubilidad del matrimonio. El estudio del Ministerio de Justicia sobre el divorcio enfoca el tema como un «remedio de situación irreversible» y no como sanción, a la vez que contempla el tiempo de separación legal como mínimo de dos años y cinco anos para contraer nuevo matrimonio.

Otros dos estudios contemplan la modificación del Código Civil sobre la filiación y sobre el régimen económico matrimonial. En estos anteproyectos se abandona la terminología de hijos ilegítimos y se equiparan con los hijos ilegítimos. Se amplía también la intervención de la mujer en el régimen económico del matrimonio.

Los derechos de huelga, manifestación y reunión serán contemplados en un Estatuto de Libertades Públicas que han elaborado conjuntamente los Ministerios de Justicia y del Interior. Este estatuto, que será aprobado por ley decreto-ley, modificará varias leyes ahora vigentes y se mantendrá hasta que sea aprobada la Constitución.