Moción del grupo socialista

La moción presentada por el grupo parlamentario socialista pidió la condena explícita de la actuación del gobernador civil y del ministro del Interior.El texto de la moción se recogía en los siguiente puntos:

1. Constatar su preocupación porque,como consecuencia de la detención sufrida y de los daños. morales y físicos sufridos por el diputado don Jaime Blanco García, ni el ministro del Interior ni el gobernador de Santander comunicaron inmediatamente, como era su obligación, el suceso al presidente del Congreso, o al de las Cortes.

2. Constatar su reprobación por la nota inicial del gobernador civil y las declaraciones del ministro del Interior que deformaban los he chos sobre la identificación inicial del señor Blanco, sobre los insultos vertidos contra él y sobre el golpe recibido.

Los informes del Congreso y del subdirector general de Seguridad reconocen la realidad de la versión del señor Blanco y desmienten las notas iniciales anteriormente citadas.

3. Constatar la coincidencia fundamental de las versiones del señor Blancodel informe del Congreso y del informe de la Subdirección General de Seguridad sobre los hechos sucedidos y sobre su origen en la actuación de unos agentes de paisano fuera de servicio armados y bajo su responsabilidad, y que estos hechos coincidentes suponen un atentado grave contra la inmunidad parlamentaria y contra los derechos y la dignidad de los ciudadanos.

4. Constatar que todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales que corresponde enjuiciara los tribunales dejustici.a y en las que por respeto a su independencia la Cámara no entra, supone una concreción más de extrema gravedad que de una errónea política de orden público que fomenta la falta de integración de algunos de los encargados de mantener el orden en la dinámica democrática y en el respeto a las libertades ciudadanas que exacerba las tensiones en la calleque no reprime, sino que consiente la actuación de los grupos incontrolados, corno en este caso, origen de los incidentes, que informa deforma.damente sobre los hechos y que, en definitiva, mantiene una concepción autoritaria represiva del orden en la calle, auténtico impedimento de la constitución de la sociedad democrática.

En base a todo lo anterior, la Cámara condena la actuación del gobernador civil y del ministro del Interior, responsables políticos de los hechos y consecuentemente solicita el cese de los puestos que ocupan.