Los bosques gallegos los queman.... sus dueños

Los incendios forestales son tema para varios artículos periodísticos' por temporada veraniega: unos se centran en el modo de usar cerillas y de arrojar las colillas los excursionistas. Otros, por el contrario, denuncian la demente vesania destructora de la raza céltica y reclaman acción enérgica de la Guardia Civil. Otros, por fin, empiezan a sospechar que existe un problema social de régimen de propiedad detrás de estos incendios.Pero los incendios forestales de Galicia son mucho más que una serpiente de verano. Son el síntoma de que persiste sin resolver uno de los mayores dislates socialeconómico-jurídicos; el de los montes en mano común. Son estos los montes «aprovechados» en común por los vecinos de un lugar (con llumbre aberta), según una costumbre secular, pero sin que exista título alguno de propiedad sobre ellos, aunque muchos estén catalogados como de utilidad pública.

Su enorme extensión total (vez y media la de la provincia española media), su ridículo aprovecha miento actual (invadidos de tojo, brezo o retama salvo si fueron repoblados) y sus ricas posibilidades productivas (dada la. alta pluviometría y clima no muy frío en general) prestan a estos montes un interés económico primordial en España, como posible fuente de, nueva riqueza. Y de nueva riqueza limpia, no contaminante, integra da por nuevo praderío y, ganado por una parte y por nuevos bosques por otra.

El interés social de tales montes, es evidente, puesto que afectan a los campesinos más humildes de las provincias gallegas, ya de por sí relegadas en España.

Quizá pudo pensarse que se resolvía el problema cuando, por los años 50, el patrimonio forestal comenzó a firmar consorcios con los ayuntamientos y comenzaron a repoblarse -con pinos- estos montes (el área consorciada afecta nada menos que a unas 500.000 hectáreas, es decir, un tercio del total). Claro que, como de momento se prohibió el pastoreo en lugar de crear nuevos pastos, se vino abajo la pequeña ganadería ya existente -en lugar de multiplicarse, como debiera haber ocurrido- y muchos ganaderos humildísimos tuvieron que emigrar.

Los pinos, aunque poco cuidados -no entresacados- van creciendo. Al cabo de 15-20 años comienzan las cortas, buenas o malas, y los vecinos del lugar esperan su participación en la, venta de madera.

Pero el patrimonio -Icona actualmente-,' cumpliendo las cláusulas del consorcio, retiene el dinero adelantado por él y entrega lo que le corresponde a la otra parte consorciada, que no son los vecinos, sino el Ayuntamiento.

Y en Galicia, los ayuntamientos no son de un solo pueblo, sino grandes entidades: cada uno tiene, por ejemplo, cinco parroquias, y cada parroquia seis lugares. La madera vendida era del monte de uno de estos treinta lugares, pero su importe se queda casi siempre en el Ayuntamiento cabecera de la comarca, donde hay mucho que pavimentar, abastecer de agua, electrificar, etcétera.

Los vecinos del lugar así tratados se sienten no solo desfraudados, sino expoliados, y ello es bastante natural. Más aún cuando la ley de Montes en Mano Común de 1966, que reconoce los derechos de propiedad de los lugareños, dice que de la parte recibida por el Ayuntamiento éste retendrá solamente el 15 % y entregará el 85 % a los vecinos del lugar: el 50 % en metálico para ellos mismos y el 35 % para obras de mejoras de la comunidad de aquel lugar. Pero esta ley no ha llegado a aplicarse, por no haber sido nunca desarrollada por el Icona.

Y la reacción de aquéllos no puede ser la de enfrentarse con, el poderoso Ayuntamiento: es mucho más sencilla y primitiva, y en lugar de reclamar sus derechos salvo algunas recientes manifestaciones en varios pueblos) recurren a procedimientos delictivos que sólo sirven para desahogar su justa ira y destruir riqueza nacional.

Y así, entre desidia, abusos administrativos y picaresca aldeana, siguen «ardiendo» los bosques gallegos.