La actuación de los panaderos, considerada como cuestión de orden público

El pasado domingo y el lunes por la mañana, en algunos despachos de Madrid, se vendió el pan a peso reducido, entre el treinta y el 40 %, lo que ha desatado las protestas de diferentes organismos y entidades ciudadanas, además de la correspondiente investigación por parte del Gobierno Civil de Madrid. La policía municipal levantó acta durante la mañana de ayer de las panaderías en las que se despachaba pan con un peso menor del estipulado.

Durante la primera semana de agosto, las amas de casa de Madrid recibieron una carta de la Agrupación de Fabricantes, firmada por el empresario Pedro Castro, en la que se les comunicaba la decisión adoptada por ellos, de solicitar un aumento en el precio del pan, como consecuencia del aumento de los salarios y materias primas que componen este producto. Posteriormente, en un comunicado enviado a los medios de difusión, los empresarios daban cuenta de la decisión, comunicada al Gobierno, de disminuir el peso del pan manteniendo los precios, como medida sustitutoria, a la negativa del Gobierno por aumentar el precio del pan.El pasado sábado, Carlos Bustelo, subsecretario de Comercio, respondía a esta presión de los industriales panaderos y decía que «el Gobierno no acepta un planteamiento de hechos consumados y no considera correcta la actitud de amenaza o que traten de solucionar problemas difíciles por la vía del hecho consumado». La respuesta de los empresarios a estas declaraciones fue el pasado domingo una disminución en el peso del pan, sin previo aviso. Posteriormente, el Gobierno Civil reaccionó a esta medida con una desautorización oficial para reducir el peso en las piezas a la venta. Sin embargo, ayer lunes se produjo el mismo fenómeno y la policía municipal intervino levantando actas en aquellos establecimientos en los que se comprobó la falta de peso en las piezas, falta de balanzas de medida o inexistencia de carteles en los que se informara del precio oficial del pan.

La reacción popular ante esta situación, especialmente. durante el día de ayer, fue la compra de pan envasado (pan de molde).

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, a través de su presidente, Antonio García Pablos, presentó ayer una denuncia en el Juzgado de Guardia, ante la reducción de un 30 % en el peso del pan, impuesta por el sector panadero. La denuncia se hizo en base a «delitos masivos de maquinación para alterar el precio de las cosas, coacción, estafa y delito contra el régimen legal de abastecimiento». También durante la mañana de ayer, varios grupos formados por miembros de la Falange Auténtica recorrieron las panaderías madrileñas y comprobaron, especialmente en la zona de Tetuán, cómo en algunos establecimientos, a pesar de la prohibición del Gobierno Civil, se vendía pan rebajado de peso. También informaron miembros de FE Auténtica que, en algunas panaderías, se procedió durante la mañana a la retirada de pan. Estos grupos iban acompañados de notario, que procedió a levantar acta de cara a un posible fraude. «El Gobierno Civil, declaró un portavoz de FE Auténtica, no ha hecho nada de forma preventiva, ni de forma ejecutiva, para que este fraude no se produzca.»

«No ha sido un capricho»

La reacción de los panaderos ante la decisión del Gobierno Civil y las denuncias presentadas contra ellos fue decir que «la decisión de reducir el peso en el pan, no ha sido un capricho nuestro. La que está incumpliendo la ley es la propia Administración, que está dando largas a un acuerdo adoptado hace un mes, por el cual tenían que haberse incrementado ya los precios del pan. Seguiremos así hasta que se acuerden nuevos precios». En algunas provincias españolas han comenzado ya a regir los nuevos precios, como en Barcelona, por ejemplo. Sin embargo, en la mayoría, al igual que en Madrid, la decisión impuesta por los panaderos, es la alternativa de los fabricantes al Gobierno.En medios vecinales se informó a EL PAIS que la decisión de los panaderos es incomprensible. «La reacción popular, ciertamente, ha sido de sorpresa e indignación, si bien, la medida, sospechosamente, se ha aplicado en un largo fin de semana, domingo y lunes son fiesta, lo que ha dejado a Madrid casi vacío y la reacción de los vecinos no se ha dejado notar.» El problema del pan, su precio, su calidad y su peso, ha sido quizá uno de los temas que las asociaciones de vecinos han planteado de forma más fuerte, con una campaña de compra de pan barato que las propias asociaciones vendían en sus locales a los vecinos. «Esto es de juzgado de guardia, manifestaron las asociaciones consultadas por EL PAIS. Cabe esperar, urgentemente, una actuación enérgica del Gobierno Civil, contra una medida que, bajo la apariencia de un enfrentamiento directo, fabricantes-Administración, perjudica notablemente al consumidor.»

Cuestión de orden público

Durante la mañana y primeras horas de la tarde de ayer, se celebró una reunión en el Gobierno Civil en la que diversos organismos competentes en el tema estudiaron la situación creada. En el Gobierno Civil, según pudo saber EL PAIS, se considera como una gravísima infracción y una cuestión que, de alguna forma, puede ser considerada como alteración del orden público. Este organismo hizo pública una nota de prensa a las cuatro menos cuarto de la tarde, en la que se exponían los siguientes puntos: «La decisión unilateral de los panaderos es ilegal por cuanto ha sido tomada sin previo acuerdo ni siquiera conocimiento de los órganos competentes de la Administración. Desde ayer, y con carácter urgente, se dispuso una amplia estructura de vigilancia para dar constancia de las irregularidades en la venta de pan. Obran en el Gobierno Civil numerosas denuncias que ahora se clasifican y estudian para aplicar con el máximo rigor las facultades sancionadoras de la autoridad gubernativa. Por escapar el conflicto a la esfera provincial que compete al Gobierno Civil de Madrid, se atendrá a las decisiones que en estos momentos estudian los organismos de la Administración central, para aplicarlas a la provincia. Por incidir claramente la decisión de las asociaciones de fabricantes y expendedores de pan en el orden público, de cuyo mantenimiento a nivel provincial es responsable este Gobierno Civil, se han acordado instrucciones precisas de actuación sobre el sector panadero por parte de la autoridad gubernativa.»