Sistemática violación de los derechos humanos en Nicaragua

La Guardia Nacional de Nicaragua, así como las autoridades militares de esa república latinoamericana, llevan a cabo una sistemática violación de los derechos humanos y torturan y mantienen en prisión a sospechosos de atentar contra la seguridad del Estado, sin que los cargos hayan sido comprobados judicialmente, dice un informe que Amnistía Internacional (AI) acaba de hacer público en Londres.El informe de AI, la entidad internacional que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo, fue realizado a pesar de la actitud refractaria del Gobierno que preside el general Anastasio Somoza, que incluso suspendió las actividades de la Corte Militar de Investigación Permanente, mientras los dos miembros del equipo de Amnesty se hallaban en Nicaragua, en la primera quincena del último mes de mayo.

La Corte Militar de Investigación Permanente fue creada en diciembre de 1974, tras la declaración del estado de excepción en el territorio, para procesar a miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de tendencia marxista.

El estado de emergencia fue declarado en Nicaragua a raíz del ataque que grupos de izquierda protagonizaron contra la casa de un ministro del Gobierno, José María Castillo, al que mataron.

Según Amnesty, las leyes constitucionales de Nicaragua no ofrecen argumentos para mantener a estas alturas, dos años y medio después, el estado de excepción.

Persecuciones masivas

Las autoridades están utilizando los poderes que les da el estado de emergencia para silenciar la prensa, llevar a cabo persecuciones masivas contra campesinos y sospechosos de colaboración con grupos izquierdistas y tratar a tales sospechosos sin tener en cuenta las leyes internacionales relativas a los derechos humanos.La policía puede juzgar y mantener en prisión durante un período de 180 días a personas acusadas de crímenes contra el Estado. Los sindicalistas y los activistas políticos son los que reciben tratamiento más duro. Según las leyes vigentes, un prisionero liberado puede ser llevado a la cárcel horas después de su liberación por cargos similares a los que motivaron su primera pena.

En el noreste de Nicaragua, los campesinos han sido perseguidos por las autoridades por ser considerados como sospechosos de simpatizar con los guerrilleros. Amnistía Internacional asegura que en esa zona del país han desaparecido trescientos campesinos, desde mayo de 1975 hasta enero de este año. En el departamento de Zelaya, doscientos campesinos están en prisión sin haber sido juzgados todavía. Algunos, según las informaciones recogidas por AI, han sido ejecutados a sangre fría.

La suspensión de las garantías constitucionales ha proporcionado todo el poder judicial a los militares, cuyo Consejo de Guerra Extraordinario es el encargado de ratificar las sospechas de la Corte Militar de Investigación Permanente. Amnesty estima que los prisioneros que no han sido juzgados aún por ese tribunal debían ser puestos en libertad inmediatamente.

Amnesty pide al Gobierno de Somoza que suspenda la censura de prensa, retire los tribunales policíacos y limite las actividades de las cortes militares a casos implicados en una situación de guerra.