Universidades laborales: una financiación extremadamente gravosa para los trabajadores

Más de 5.500 millones de pesetas habrán supuesto durante el curso 76-77 a las entidades encargadas de.la financiación de las UL las becas de los 30.096 alumnos que cursaron enseñanzas regladas, es decir, aquellas enseñanzas que se desarrollan conforme a un plan' docente del Ministerio de Educación y Ciencia. El importe actual de la becá de un alumno interno en U L asciende a 177.703 pesetas.A aquella cantidad habría que anadir la que corresponde al importe de los 490 cursos de enseñanzas no regladas que se han impartido a lo largo del presente curso, afectando a unos 9.000 alumnos, y el de los 5.548 que cursan estudios universitarios como tutelados, es decir, fuera de los centros de UL, amparados por el sistema becario de las mismas, en los distintos distritos españoles.

Mutualidades y Seguridad Social

Conviene, por otra parte, hacer constar que de entre las diecisiete modalidades de enseñanzas regladas que han sido impartidas en este año académico, un 41,19 % del alumnado ha estado estu,diando modalidades,de enseñanzas que, según la ley General de Educación, debieran ser gratuitas. Según nuestros cálculos sólo estos alumnos habrán costado a las diversas entidades financieras más de 2.000 millones, cifra obtenida tras hallar la media del importe de los tres tipos de alumnos existentes: internos, mediopensionistas y externos. -El mutualismo laboral y la Seguridad Social contribuyen en un 65,70 % al total de la financiación de las universidades laborales. El Fondo Nacional de Protección al Trabajo aporta el 12,38 %; las Cajas de Ahorro del Fondo para Obras Sociales de Carácter Nacional, el 14,64 %, y el 7,28 % restante procede del presupuesto del Ministerio de Trabajo, de la Tasa de Formación Profesional y otros.

Como se ve, la principal fuente de financiación la constituyen las mutualidades laborales, que son, en la práctica, las titulares de todos los bienes que representan en la actualidad los veintiún centros

existentes.Estos centros, extendidos por todo el territorio nacional, han ido surgiendo al ritmo, en la práctica, de uno por año, desde el curso 1955-56 en que empezó a funcionar, con una matrícula de 413 alumnos, la Universidad Laboral de Gijón, que lleva el nombre de José Antonio Girón, su principal creador.Parece, pues, muy conveniente, a la vista de estos datos, preguntarse sobre la opinión de los trabajadores acerca de cuál debe ser el futuro de las universidades laborales, sobre todo desde el punto de vista de su financiación por las mutualidades, en un momento en el que no se ve por ninguna parte de qué modo van a ser dignificadas las pensiones de viudedad, vejez y accidentes de trabajo, que se mantienen en cifras absolutamente insuficientes y hasta ridículas.Naturalmente, el entusiasmo de los trabajadores por la obra preferida de Fra co y su ministro Girón se daba ya por supuesto en sus comienzos. En efecto, en el preámbulo de la ley a la que ya nos hemos ref,-rido, con un lenguaje muy de la época, se decía: «El generoso impulso que dio orígen a la Universidad Laboral -bella realización social del Movimiento- atrajo desde el primer instante la ilusionada adhesión de los trabajadores españoles que, a través de sus mutualidades laborales, no han escatimado dinero ni esfuerzos para que la iniciativa triunfase, convencidos de que tal institución docente es instrumento eficaz de potenciación de su juventud, que hará posible la lógica aspiración de compartir en igualdad de oportunidades con los restantes grupos sociales el acceso a todos los puestos, honores y responsabilidades del trabajador, cualquiera que fuera su posición económica, al par que ensancha sin límites el panorama de dígnifícación y atractivo de su existencia.

Participación sindical

En cuanto a la participación de la Organización Sindical en el gobierno de las universidades laborales, la propia ley de sucreación le asignaba un papel preponderante, por cuanto en ella se establece: «... a través de la Organización Sindical los trabajadores y empresarios españoles participarán en el gobierno y administración de las universidades laborales, de cuyos órganos rectores y consultivos también formarán parte los representantes de las mutualidades laborales.» Las atribuciones que dicha ley otorga a la desaparecida Organización Sindical alcanzan incluso a la ordenación de los planes docentes, pues en ella se establece que será preceptivo su informe al respecto, así como el de lasjuntas rectoras de las mutualidades.La regulación de esta participación de la O.S. quedará establecida en el decreto 2265/1960, de 24 de noviembre, según el cual aquélla participará en el Consejo Técnico de Universidades Laborales, el organismo asesor colegiado del ministro de Trabajo en materia de ordenación docente, señalando que entre los vocales natos de dicho consejo figurará el jefe de la Obra Sindical «Formación Profesional». Entre los vocales representativos, seis serían nombrados por la OS y, del mismo modo, la misma OS tendría encomendada una participación importante en la comisióneconómico-administrativa.También se señalan como vocales natos del citado consejo técnico dos cargos políticos hoy inexistentes tras la extinción de la Secretaria General del Movimiento: los delegados nacionales del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina.

Parecía lógico, en consecuencia, consultar la opinión de las principales centrales sindicales sobre cómo debiera sustituirse esta presencia activa de la desaparecida Organización Sindical en el gobierno de las universidades laborales y, en definitiva, sobre el futuro de las mismas.

Derecho a participar

En diversas ocasiones se ha dicho que las universidades laborales deberían ser traspasadas a la total dependencia del Ministerio de Educación, con lo que el ahorro que este traspaso supondría a las mutualidades podría servir para incrementar el capítulo de pensiones, pues está muy extendida entre los técnicos la idea de que la Seguridad Social, con la que las mutualidades deberían formar un todo, no debería ocuparse de otras cuestiones queaquellas que.se relacionan con la asistencia sanitaria y las pensiones, con toda su compleja variedad.Por ello, nos sorprende que algunas de las centrales sindicales encuestadag pongan mucho más énfasis en la reivindicación de su derecho a participar en el control de las universidades laborales que en este otro aspecto de la dudosa conveniencia de la utilización de los fondos del mutualismo laboral en una función, la educativa, que debiera ser exclusiva del Estado en cuanto tal. Algo que tal vez podría hacerse extensivo también a la cuestión de la vivienda, para la que las mutualidades dedican importantes partidas en forma de créditos.

Claro es que el paso de las universidades laborales a la dependencia del Ministerio de Educación y Ciencia plantearía un problema, el del reintegro a las mutualidades de las cuantiosas cantidades invertidas hasta la fecha, prácticamente insoluble, tal y como apunta en sus respuestas la Unión Sindical Obrera (USO), que estima que no habría dinero para una operación formal de este tipo.

En cuanto a la opinión de los organismos oficiales sobre el tema, que lóp-icamente nos gustaría mucho conocer, resulta algo dificil en estos momentos en que todavía está en marcha el co mplicado proceso de reorganización de los ministerios. Curiosamente, el Servicio de Universidades -Laborales, que hasta ahora estaba englobado dentro de la Dirección General de Servicios Sociales, que ha sido absorbida por el nuevo Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, no 4parece, no obstante, reflejado expresamente en el reciente decreto de estructuración de dicho Ministerio.

Aunque nosotros estábamos mucho más interesados en el problema de su futuro, y en este sentido iban dirigidas nuestras preguntas a las distintas centrales sindícales, el pasado de las universidades laborales, su sentido ideológico, la realidad de la labor efectuada hasta ahora, han sido sometidos a un duro análisis crítico que será obligado reflejar, en el que se da una absoluta coincidencia entre todas las centrales encuestadas.