La agenda de la negociación

La coincidencia de la crisis económica española con el proceso de salida de la dictadura, o, dicho de otro modo, con el proceso de democratización de la vida política, del país, condiciona en buena medida el posible contenido de una eventual negociación entre el Gobierno, los sindicatos obreros y las organizaciones empresariales.La congelación salarial establecida en el programa económico del Gobierno Suárez es el alto precio que la clase trabajadora va a pagar para salvar la economía del país. A cambio de este sacrificio, obviamente involuntario, los trabajadores no van a ver mejoradas ni sus condiciones de trabajo, ni las prestaciones de la Seguridad Social, ni la calidad de su vida, salvo que el anuncio del «paquete laboral» hecho por el ministro de Trabajo vaya en serio, que no lo parece, pues si el Gobierno hubiera pensado en democratizar las relaciones laborales o la Seguridad Social, así lo habría dicho, y no hubiera dejado su anuncio, confuso por otra parte, para un acto políticamente subalterno, corno es el de toma de posesión de los altos cargos de un Ministerio, en este caso el de Trabajo.

La congelación salarial, a poca vista que hubiera tenido el Gobierno Suárez, exigiría que éste hubiera, adoptado simultáneamente una auténtica batería de medidas laborales y de seguridad social que, a modo de contrapartida, hubieran permitido a los trabajadores sentirse no sólo destinatarios pasivos de unas medidas del Gobierno, sino también protagonistas activos de las relaciones laborales y de la gestión de la Seguridad Social. El Gobierno Suárez, sin embargo, se ha limitado a congelar los salarios.

Pero es que, además, el proceso de democratización política en que el país está empeñado exigiría, también por sí solo (es decir, aunque no hubiera crisis económica), la democratización paralela de las relaciones de trabajo (individuales y colectivas), y de la financiación y gestión de la Seguridad Social.

El Gobierno, por el contrario, ni en su declaración programática, ni en su programa económico, ha aludido, ni directa ni indirectamente, al necesario cambio de la subsistente legislación laboral del franquismo y de la gironiana Seguridad Social. Ello, unido a que las palabras del ministro de Trabajo fueron una mera declaración de intenciones, deja pendiente un conjunto de cuestiones que son, sin duda, temas a incluir en la apretada agenda de la eventual negociación tripartita entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios.

Entre esos temas hay algunos que, corno la amnistía laboral, la amnistía de la Seguridad Social para quienes perdieron sus pensiones o las vieron sensiblemente reducidas por despidos políticos y sindicales, o el establecimiento (pero en serio) de la figura del delitosocial, tienen carácter de semáforos iniciales de tal negociación tripartita.

El primer gran bloque temático de la negociación sería el estrictamente laboral, en el que habría que incluir cuestiones tales corno la derogación del decreto-ley de Relaciones Laborales de marzo de 1977, el control obrero del Fondo de Garantía Salarial, la fijación de un salario mínimo realista y, por tanto, suficiente, y el establecimiento de las bases de la ordenación del derecho de huelga y la negociación colectiva, entre otros.

La Seguridad Social, con el establecimiento de un calendario concreto y detallado, que con carácter de compromiso expresará la progresiva participación de los Presupuestos del Estado en su financiación, con el establecimiento de un plan de actualización automático de las pensiones, y con el pacto de un proceso democrático de participación obrera en su gestión, sería el segundo gran bloque de temas de la agenda de la negociación que se postula.

La tercera línea de diálogo vendría dada por un conjunto de temas que, como la participación sindical en el Consejo del Instituto Nacional de Estadística (para controlar los índices de precios al consumo), en las cajas de ahorro (para controlar la rentabilidad social del ahorro popular), o en las oficinas de colocación (como ejemplos meramente enunciativos que no excluyen a otros), daría una clara densidad democrática a las relaciones laborales y a la calidad de vida de las clases trabajadoras. Todos estos temas son negociables, y el Gobierno Suárez debe tornar conciencia de que no es ni lícito ni inteligente exigir sacrificios sin contrapartida.