"El control de precios es ineficaz más allá de cortos períodos de tiempo"

EL PAIS: La primera disposición de su Ministerio de cierto relieve fue el decreto de precios. ¿Cuál es la previsión que tienen en cuanto a la eficacia de esta medida? ¿Son suficientes los medios técnicos y humanos de que disponen para cumplir lo señalado en el decreto?J. A. G. D.: La inflación no puede ser contenida con medidas de control de precios, ya que éste es ineficaz más allá de cortos períodos, y, además, puede resultar gravemente dañino para una correcta asignación de recursos en la economía. Por ello, la medida tiene carácter transitorio hasta el 30 de septiembre, fecha para la que habrá de revisarse todo el sistema de precios administrados.

El objetivo que se persigue con el decreto de control de precios es que no se produzcan alzas por encima de las justificadas como consecuencia de la reciente depreciación de la peseta. Bajo este prisma, entiendo que la medida será eficaz. No le oculto que pensando como pienso que las medidas de control son poco aconsejables a largo plazo, nuestra filosofía en la revisión del actual sistema que, como le he indicado finaliza el 30 de septiembre, es la de movernos en un sentido de mucha mayor libertad.

Por lo que respecta a la segunda parte de su pregunta, es evidente que los medios de inspección del Servicio de Vigilancia del Mercado son insuficientes. Por ello, el propio decreto señala que se reforzarán los servicios de la Subsecretaría de Mercado Interior. En este momento están muy avanzadas las gestiones para aumentar en plazo muy breve los efectivos de la inspección, con quinientos nuevos inspectores.

EL PAIS: Recientemente ha sido fijado un nuevo cambio para la peseta. ¿Qué va a suponer esta medida para la evolución de la balanza comercial?

J. A. G. D.: Es evidente que un reequilibrio de nuestro sector exterior pasaba inevitablemente por un tipo de cambio realista para la peseta. En este sentido, pienso que la depreciación recientemente acordada servirá para alcanzar una mejora sustancial en nuestros intercambios con el exterior.

Estos efectos beneficiosos no serán, sin embargo, inmediatos, ya que habrá que esperar unos meses para que su impacto deje sentir sus efectos plenos a través de la canalización de recursos hacia la exportación, como consecuencia de los nuevos niveles relativos de precios inducidos por el nuevo tipo de cambio.

Por otra parte, el programa de saneamiento de nuestra economía, al conseguir reducir la inflación, podría actuar como una verdadera catapulta para relanzar nuestras exportaciones, ya que nuestro potencial exportador, tanto en la agricultura como en la industria y en el sector turístico, es ingente.

Sólo la consecución de una actividad exportadora con niveles por encima de los registrados hasta ahora, permitirán a nuestra economía mantener tasas de crecimiento suficientemente elevadas para conseguir la absorción gradual de recursos no utilizados y por consiguiente una disminución de los índices de desempleo.

EL PAIS: La Junta Superior de Precios ha quedado integrada en el Ministerio, ¿se prevén cambios en su estructura y función? ¿Seguirá siendo un órgano consultivo y no ejecutivo?

J. A. G. D.: Como sabe, el real decreto de 4 de julio, por el que se reestructuran determinados órganos de la Administración Central, daba un plazo de cuatro meses para proceder a la reorganización de los departamentos ministeriales. La revisión de la actual estructura de la Junta de Precios se insertará en la reestructuración global del Ministerio. En cuanto a sus funciones, yo considero que la Junta debe continuar siendo esencialmente un organismo consultivo. Pero un organismo consultivo que trate de superar el carácter que hasta ahora ha tenido de filtro en el mecanismo general del control de precios, para convertirse en el órgano que realmente conozca a fondo el proceso de formación de precios en la economía española.

Hasta el presente, la Junta ha estado íntimamente ligada al control de precios. En un futuro, en el que yo espero que pueda eliminarse en gran medida dicho control, la Junta deberá tener ese nuevo papel que le indicaba de órgano de asesoramiento, conocimiento y estudio de precios.

EL PAIS: El programa del Gobierno habla de liberalizaciones, ¿cree que esto debe afectar también a la política de comercio exterior? ¿Cómo se piensa actuar sobre el arancel?

J. A. G. D.: En el terreno arancelario y de libertad de comercio nosotros tenemos un objetivo perfectamente definido: la integración en la Comunidad Económica Europea nos señala cuál es la meta arancelaria a la que tendemos, la tarifa exterior común. Nuestro mayor esfuerzo debe centrarse en definir cuál es el camino y el calendario que consideramos adecuado para acercar nuestros niveles de protección arancelaria a la tarifa exterior común. Por supuesto, nuestras decisiones aquí no son plenamente autónomas, sino que debemos considerarlas desde la óptica de las negociaciones de adhesión y de las obligaciones que en estas negociaciones aceptemos.

A corto plazo, nuestra medida inmediata ha sido eliminar el recargo arancelario del 20%, que estaba en vigor, para compensar, por supuesto muy ligeramente, los efectos del encarecimiento de importaciones provocadas por la depreciación de la peseta. Por otro lado, es indudable que la actual estructura arancelaria es incorrecta, está llena de distorsiones, y que en algunos casos la variación en el tipo de cambio de la peseta ha agravado estas distorsiones. Por ello pensamos en la conveniencia de revisar en sectores concretos los actuales niveles de protección, en función de las nuevas circunstancias. Estas revisiones no irían, en general, en la dirección de aumentar la protección, sino más bien a disminuirla. Nuestra industria debe irse preparando para la mayor competencia que va a suponer la adhesión a la CEE, ya que, por otro lado, y como consecuencia una vez más de la depreciación de la peseta, ha recibido un margen adicional de protección importante.

Esto no quiere decir, sin embargo, que en un mundo en el que las tendencias proteccionistas son crecientes, vayamos a renunciar a los medios a nuestro alcance para proteger aquellos sectores en los que la actividad y el empleo estén siendo perjudicados por una competencia exterior excesiva. Pero nuestra actuación en este campo si es necesaria será ocasional y muy limitada. Creemos que va contra nuestros intereses el colaborar a que esas tendencias proteccionistas existentes en el mundo se hagan más intensas.

EL PAIS: ¿Cree que son suficientes las disposiciones de fomento de las exportaciones que están en vigor en estos momentos?

J. A. G. D.: Nuestro cuadro de medidas de fomento de las exportaciones es, en nuestra opinión, suficientemente completo. Lo cual no quiere decir que no sea susceptible de mejoras de detalle. Yo diría que en el terreno de la exportación, los principales objetivos inmediatos serían el lograr que la capacidad de financiación de nuestras exportaciones sea suficiente, y lo sea a un coste adecuado. Las recientes medidas sobre tipos de interés, que han supuesto un ligero encarecimiento de esta financiación, marcan, sin embargo, muy claramente el carácter prioritario que a la misma se concede. Pensamos, por otro lado, que es importante utilizar más intensamente las posibilidades del actual sistema de promoción comercial (ferias, misiones, propaganda, red comercial en el exterior), aumentando el volumen de recursos que a estos fines se destina. Aunque desde luego la difícil situación presupuestaria en general impone límites a lo que en este terreno pueda hacerse. Y consideramos también que es importante preparar la estrategia para hacer lo más fácil posible, en lo que a desgravación fiscal se refiere, el paso de una imposición indirecta basado en el impuesto de tráfico de empresas a otro basado en el impuesto sobre el valor añadido. Este tema está íntimamente ligado a las posibilidades de reforma del sistema de financiación de seguridad social en la medida en que una parte de las actuales cotizaciones pueda ir siendo sustituida por el sistema impositivo en general, y por los impuestos indirectos, en particular.

EL PAIS: ¿Cuál será la política del Ministerio de Comercio con respecto al fondo de ayuda al desarrollo instrumentado por el anterior Gobierno?

J. A. S. D.: La experiencia del funcionamiento del Fondo de Ayuda al Desarrollo durante su primer año de vida, ha sido buena. No sólo España ha cumplido una obligación moral y política de colaborar en la medida de sus fuerzas a la financiación del desarrollo de países más atrasados, sino que además la financiación canalizada a través del FAD está teniendo un efecto multiplicador muy importante sobre nuestras exportaciones.

En este momento los 6.000 millones de pesetas de dotación inicial del FAD han sido ya comprometidos. Incluso como consecuencia de la depreciación de la peseta, nuestros compromisos exceden de los 6.000 millones, ya que en casi todos los casos con compromisos denominados en dólares. Aunque teóricamente estaba prevista la posible ampliación de los recursos del FAD para este año hasta 12.000 millones, la situación financiera del sector público hace extremadamente difícil que podamos disponer de dichos recursos adicionales. Lo que en este momento estamos haciendo es realizar los estudios necesarios para justificar una adecuada dotación al FAD para el año 1978, enfocando el tema desde el doble punto de vista que antes le señalaba de cumplimiento de una obligación de la que como miembros de la comunidad internacional somos partícipes y de disponer de un cauce adicional para impulsar las exportaciones españolas de bienes de equipo.

EL PAIS: España ha solicitado formalmente el inicio de conversaciones para el ingreso como miembro de pleno derecho en la CEE. ¿Qué piensa como ministro de Comercio de esta integración?

J. A. G. D.: Creo que la integración de España en el Mercado Común es inevitable y ello tanto por razones histórico-políticas como por motivos económicos de gran relevancia. Naturalmente soy consciente de que dicha integración va a suponer, por una parte, un período de negociaciones muy complejas en las que los temas comerciales y arancelarios deberán ser tratados con exquisito cuidado dada la repercusión que las necesarias modificaciones tendrán en nuestra economía. Por otra parte será necesario un período de adaptación de nuestros sectores económicos, en el que habrá que acometer reformas estructurales inevitables y necesarias.

Al final de dicho período se debe conseguir una homogeneización de la economía española con la comunitaria y ello aportará una mayor flexibilidad y racionalización a nuestra agricultura, a nuestra industria y al sector servicios en el que el turismo tiene reservado un futuro prometedor.

EL PAIS: ¿Cuál será la política del Ministerio en el tema de los productos sometidos en comercio de Estado?

J. A. G. D.: En gran medida, el régimen de comercio de Estado es una reliquia de otros tiempos y de otra filosofía, y se compagina difícilmente y en un plano teórico con nuestra idea de ir liberalizando al máximo el funcionamiento de la economía española.

Es cierto, no obstante, que en algunos casos la adecuada regulación de los mercados interiores hace necesario mantener un control muy directo de la importación y es cierto que en otros, nuestra capacidad de compra es un arma importante de apoyo a la exportación.

Teniendo todo esto en mente, nuestra idea es que hay un camino medio, ya aplicado con aceptable éxito en algunos casos, y que consiste en, manteniendo la definición de comercio de Estado, privatizar las importaciones. Será la iniciativa privada la que importe, sometida a un sistema que permita, por un lado, no perturbar el mercado interior, y, por otro, no perder las ventajas derivadas de la capacidad de compra española. Yo espero poder anunciar antes de fin de año el paso a este nuevo régimen de las importaciones de algunos productos que hoy importa directamente la Administración.

EL PAIS: En el programa económico del Gobierno no se habla en ningún momento de las estructuras comerciales. ¿Cuál será la política del Ministerio en este tema?

J. A. G. D.: Es evidente que el programa económico no podía detallar todas las actuaciones que van a realizarse en todos los sectores y subsectores de nuestra economía. La pregunta que usted me formula está relacionada de hecho con toda la problemática de la orientación que pensamos dar a la actuación de la Subsecretaría de Mercado Interior. Aquí yo le señalaría dos campos que nos preocupan especialmente.

El primero es el de los consumidores. Hasta ahora no hemos sido capaces de elaborar una política coherente y eficaz en este terreno. No creo que pueda negarse que el Instituto de Consumo, renovado en varias ocasiones en su constitución y planteamiento, no ha llegado nunca a ser auténticamente operativo. La razón puede ser que hemos tratado de hacer desde arriba lo que hay que hacer desde abajo. El movimiento de defensa del consumidor tiene que nacer en la realidad social y no en las páginas del Boletín Oficial del Estado. Nuestro papel, desde la Administración, alejados de toda tentación paternalista, es tratar de hacer posible que este movimiento nazca y se desarrolle, y a ello apuntará nuestra actuación, siendo, por supuesto, plenamente conscientes de las dificultades que vamos a encontrar.

El otro terreno que nos preocupa es el de la reforma de las estructuras comerciales. Aquí, pienso yo, se ha desarrollado ya una labor más importante, pero que no ha conseguido corregir los mayores defectos de unos canales de distribución complicados, costosos y en muchos casos poco eficientes. Pensamos abordar muy seriamente este tema y nuestros primeros pasos han apuntado a revitalizar la actuación de Mercasa, empresa que por hallarse en el centro de los canales de comercialización está en posición de convocar los procesos de formación de precios y los costes reales del sector. Por supuesto, en la política de reforma que seguimos, trataremos de proteger al amplio sector del pequeño comerciante, víctima involuntariamente de muchas de las ineficacias del sistema.

EL PAIS: ¿Cree que la actual estructura de la CAT se ajusta a las necesidades del país y a los criterios del programa económico del Gobierno?

J. A. G. D.: La Comisaría de Abastecimientos y Transportes es un instrumento necesario en una política de abastecimiento y de regulación del mercado; o, mejor dicho, las funciones que la Comisaría de Abastecimiento tiene atribuidas son necesarias. Son necesarias en condiciones normales y referidas a determinados productos, y son necesarias también como mecanismo a activar en situaciones de emergencia. Pero, por supuesto, trataremos de analizar los posibles excesos de intervencionismo que en el pasado haya registrado su actividad. En este sentido, apunto los comentarios que más arriba le he hecho sobre el tema del futuro del comercio de Estado. En este terreno estamos estudiando, sin haber llegado todavía a ninguna decisión, la posibilidad de que una parte importante de las funciones de la Comisaría pasaran a una empresa nacional de almacenamientos y abastecimientos que pudiera asumir con más agilidad algunas actividades, a las que el sector público no puede en ningún caso renunciar.

EL PAIS: El turismo es un tema nuevo en este Ministerio. ¿Qué política va a imponer?

J. A. G. D.: La incorporación del turismo a Comercio me consta que ha supuesto una satisfacción para el sector en general, puesto que ello implica la coordinación en una serie de materias que, por su propia naturaleza, son esencialmente comerciales.

Entre las acciones que me propongo como meta a alcanzar figuran una planificación ordenada del territorio para proteger la armonía ecológica de nuestros paisajes; incrementar la acción exterior teniendo en cuenta las peculiaridades regionales e intensificar la diversificación de nuestra oferta turística. Asimismo, considero que se impone una reestructuración del sector en zonas evidentemente saturadas, con la amortización de plazas marginales. Me propongo, por otro lado, luchar contra el problema de la estacionalidad y favorecer, dentro de mis posibilidades, la unión del sector para fortalecer la posición negociadora de nuestros industriales frente al touroperator.

Por último, es necesario poner al día unas reglamentaciones que

afecten esencialmente a la hostelería y agencias de viajes y que

están desfasadas ante el incremento del volumen del tráfico turístico.