Por unas Cortes constituyentes y breves

CON LA sesión solemne de apertura y el discurso de la Corona, se inaugura hoy la primera legislatura de ' las Cortes dem9cráticas. Teóricamente, y, según la ley para la Reforma Política, el mandato parlamentario tendría una duración de cuatro años. Pero lo más probable y deseable es que los diputados y senadores disuelvan las Cortes antes del término de ese plazo.Las elecciones del 15 de junio se realizaron bajo una ley Electoral que consagraba el sufragio desigual, en un medio institucional demasiado contaminado todavía por las prácticas caciquiles del antiguo Régimen, y desde unos supuestos iniciales que violaban el principio de igualdad de oportunidades entre los partidos. Así pues, lo lógico sería que los diputados y senadores se sometieran de nuevo al veredicto de las urnas tras la promulgación de una nueva ley Electoral, la renovación de los municipios y diputaciones, y el pleno despliegue de la imagen y de los programas de todos los partidos.

Pero la razón básica para suponer que la actual legislatura tendrá una corta vida es que su misión fundamental es elaborar y promulgar la Constitución. No puede interpretarse más que como una ligereza el propósito del Gobierno de enviar a las Cortes un proyecto constitucional fabricado en el palacio de la Moncloa. La UCD tiene suficientes diputados y senadores, muchos de ellos miembros del Gabinete, como para que esa injerencia gubernamental sea, además de incorrecta, innecesaria. A las Cámaras, y sólo a ellas, corresponde proponer, negociar y aprobar la nueva Carta Magna de la convivencia española que contenga la respuesta democrática a las grandes cuestiones pendientes.

Por lo demás, estas Cortes Constituyentes deberán cubrir, en paralelo, otras funciones de carácter legislativo y fiscalizador. La mayor espectacularidad en comparación con el pasado, la revestirá quizá la actividad no legislativa de las Cortes: la fiscalización de la gestión del Gobierno y la Administración, la denuncia de la corrupción y de los abusos de poder, la capacidad para expresar las quejas y los agravios de los electores. Es de suponer que el nuevo reglamento desarrolle y proteja el derecho de los diputados y, senadores a preguntar e interpelar al Gobierno; que reserve espacios temporales en las sesiones para los debates originados por esas intervenciones; y que prevea la formación de comisiones especiales de encuesta a investigación con poderes suficientes para ocuparse de cuestiones relacionadas con las corrupciones, los escándalos y los abusos. La tarea constituyente y los trabajos legislativos levantaran las paredes maestras de la nueva democracia. Pero la forma de que los simples ciudadanos se sientan vinculados con los parlamentarios, se consideren representados por ellos y les apoyen, es que sean el hilo conductor de las reivindicaciones populares y protejan a los ciudadanos de las invasiones y arrogancias del Poder.