Presentada la denuncia contra el Tribunal Tutelar de Menores de Barcelona

Los Tribunales Tutelares de Menores de Barcelona han sido denunciados por incumplimiento de la ley. La denuncia, ante el Ministerio de Justicia en Madrid y, el juzgado de guardia en Barcelona, ha sido interpuesta por la comisión técnica, para el análisis y nueva estructura de las instituciones de menores, compuesta por representantes del Colegio de Abogados, Coleio de Licenciados, Instituto de Reinserción Social (Ires), Asociación de Asistentes Sociales, Centro de Educadores Especializados de Bellaterra y la institución pedagógica Rosa Sensat, entidades, todas ellas, de Barcelona.

Según informó este periódico (véase EL PAIS del 16 de julio), la comisión citada basó su denuncia en los artículos 38 al 42 de la ley de Tribunales de Menores de 1948, que establecen que las actuaciones de éste se llevarán en secreto. Esta ley, cumplida en sus puntos negativos, como que, por ser actuaciones secretas, el menor no pueda tener abogado, se incumple a diario en Barcelona, donde muchachos de diez a quince años atraviesan el paseo de Gracia esposados y conducidos por un policía armado jubilado y vestido de paisano. A juicio de los denunciantes, las esposas son un símbolo muy claro de que quien las lleva es delincuente, por lo que se Infringe el secreto que establece la ley.Fuentes de abogados y educadores catalanes, manifestaron que la situación de todos los centros de menores de España se ha ido agravando en los últimos años y que, concretamente en Barcelona, los últimos meses han sido altamente problemáticos. En la capital catalana, los conflictos en la Residencia Albada, Wad-Ras, Institución Ramón Albó, Las Torres de Llisá d'Avall, Asilo Durán y Aldeas SOS, entidades, todas ellas, dependientes o colaboradoras del Tribunal Tutelar de Menores han acabado con la expulsión de los equipos pedagógicos y, en el caso de Aldeas SOS, con el despido del director. Los despidos se produjeron tras la formación de equipos de educadores que pretendían implantar una línea sicopedagógica nueva.

La conflictividad se ha venido dando en centros de chicos, ya que las chicas, según el reglamento del Patronato de la Mujer, han de tener personal especializado. Esta consideración se atribuye a monjas, pertenecientes a las órdenes del Buen Pastor, trinitarias, oblatas y adoratrices, entre otras. Según informes de abogados que han visitado estos centros, en el caso de que el niño o la niña no se adapten al reglamento de la institución se practica una política de puertas abiertas, dejando escaparse al menor de más difícil adaptación. En el caso de las chicas, las monjas no tienen reparo en declarar que, sobre todo a las que presentan comportamiento homosexual, «no las quieren porque plantean muchos problemas».

Los integrantes de la comisión técnica que pretende reformar las instituciones de menores denunciaron también las torturas que se practican a chicos de dieciséis años, cuando pasan a la cárcel por adquirir mayoría de edad penal.

Abogados, sicólogos y educadores afirman que la responsabilidad del tratamiento que se da al menor en España, infantilizándole, creándole situaciones de dependencia, imbuyéndole complejos de culpabilidad y desclasándole socialmente, es de los organismos de Protección de Menores, especialmente del Tribunal Tutelar de Menores, basados en una ideología proteccionista y de beneficencia y con unas leyes reestructuradas en 1948 y 1952, época de especial esplendor del espíritu nacional catolicista y fascista.

Un tema que preocupa especialmente es la gestión económica de los centros. Según disposiciones legales de 29 de diciembre de 1910 y marzo de 1935, el 5 % de la recaudación de todos los espectáculos de España el 60 % de todas las carreras de caballos, perros, etcétera, y el 50 % de pubs, salas de baile y locales donde lo que pague sea la consumición, ha de ir necesariamente a instituciones de protección de menores. Si los centros dicen que no tienen medios, abogados y educadores, se preguntan dónde va a parar todo ese dinero de los espectáculos.

Además, los centros del Tribunal Tutelar de Menores hacen que los niños trabajen para ayudarse. Las niñas lo hacen a destajo en la confección de fundas de colchones, flores de papel y cajas de bombones y reciben una compensación de doscientas pesetas al mes. Los chicos pueden percibir sueldos más elevados -en un centro de Barcelona, en extinción, podían llegar a cobrar hasta 6.000 u 8.000 pesetas al mes- en trabajos de taller o balones.

Los especialistas piden una reforma a fondo de la legislación sobre menores, especialmente del Tribunal Tutelar, donde juzga un sólo juez -a veces lo hace un funcionario- que puede, incluso, no ordenar el ingreso del menor en un centro, y, una vez en éste, no se preocupa de lo que allí le suceda.