La nueva ley de Reforma Agraria, a debate en el Parlamento portugues
El Parlamento portugués ha comenzado la discusión de la nueva legislación sobre la reforma agraria, preparada por el Gobierno de Mario Soares. El «proyecto Barreto», del nombre del ministro encargado de la Agricultura, revisa la ley revolucionaria de 1975, por la que más de un millón de hectáreas fueron confiscadas a sus propietarios en el Alemtejo, sur de Portugal.El Partido Comunista, por boca de su secretario general, Alvaro Cunhal, ha anunciado que se opondrá a la revisión, «que significa volver al viejo sistema de los terratenientes». El PC recurrirá g las negociaciones con el Gobierno, y a las manifestaciones de masas para evitar que el proyecto siga adelante. La nueva ley debe ser votada en la Asamblea Nacional el próximo 13 de julio. Tema «caliente» de la problemática política actual, y más particularmente de las relaciones, entre comunistas y socialistas, la nueva ley ha sido vehementemente condenada además de por los comunistas por los sindicatos de trabajadores rurales inspirados por el PCP.
En el proyecto elaborado por el Gobierno Soares -que niega toda responsabilidad en la anterior ley de Reforma Agraria de 1975- el derecho de reserva que venía anteriormente reconocido a los propietarios es considerablemente ampliado. Por razones de «viabilidad económica» aumenta el límite de dicha reserva o superficie mínima no expropiable.
Como también se excluyen las mejoras introducidas en las tierras por sus, propietarios actuales, buena parte de las tierras ya ocupadas, o inclusive nacionalizadas, deberán ser devueltas a sus antiguos propietarios con la única contrapartida de comprometerse a trabajarlas directamente durante un mínimo de diez años, y á no enajenarlas sin autorización del Estado.
El aparato administrativo, ya de por sí lento y poco eficaz, va a tener dificultades en controlar una operación que no satisface ninguna de las dos partes en litgio: los sindicatos y las asociaciones de propietarios. Para éstos, el hecho de que el Estado siga propietario de las tierras nacionalizadas, cedidas en explotación a título oneroso, es un «principio marxista», que ofende el derecho de propiedad e iniciativa privada.
El segund punto clave de la nueva ley es el de los arrendamientos.
El contrato por escrito y el pago en dinero dejarán de ser obligatorios para las explotaciones de menos de dos hectáreas, es decir, para la inmensa mayoría de los pequeños «rendeiros» del norte y centro de Portugal.
En cuanto a las indemnizaciones, son, una vez más, aplazadas hasta la publicación de una legislación específca. Cuando se sabe que los centristas y los socialdemócratas han hecho del tema de las indemnizaciones el test de la «buena voluntad» de los socialistas en materia agrícola, es de esperar que la ley que ha comenzado a discutirse no levante más entusiasmo en este sector de la oposición que entre la izquierda.
