La autonomía regional, primer obstáculo para el programa de los partidos italianos

Ni papel mojado, ni un pacto de acero, así quiere presentarse el reciente acuerdo programático firmado por los seis partidos del «arco constitucional» (comunistas, socialistas, socialdemócratas, republicanos, democristianos y liberales) y que el Parlamento comenzará a discutir el martes que viene. Pese a ello, la ley sobre las regiones se ha convertido, inesperadamente, en el primer tropiezo serio que está haciendo del acuerdo «papel mojado». El problema es más de fondo de cuanto parece en principio. Se trata de reformar realmente el estado liberal centralizado del siglo pasado. La ley 382, aprobada por el Parlamento en julio de 1972, encargaba al Gobierno dictar las normas, antes del 25 de julio de este año, que encaucen el paso de poderes del Estado central a las regiones. No se trata de poca cosa. A las regiones, además de la agricultura, el turismo, los transportes y la vivienda, pasará el poder de decisión sobre la gestión del territorio, planificación y localización industrial, mientras que serán competencia de los ayuntamientos las cuestiones de sanidad, asistencia, higiene del trabajo, artesanía y comercio, parques y bosques y política local.

Para afrontar esta reforma hay que abolir nada menos que 22.000 organismos públicos de carácter local y muchos entes de asistencia y beneficencia que en Italia están en manos de organismos eclesiásticos.

El Gobierno Andreotti afrontó el problema ayer y anteayer, sin llegar a una solución definitiva. Al parecer, sus ministros del Trabajo (Tina Anselmi), de Obras Públicas (E. Gullotti), y del Sur (Ciriaco de Mita), son partidarios de la reforma inmediata. Los de Agricultura (Marcora), sin embargo, y de Industria (Donat Cattin), creen que tal descentralización hace imposible o estéril cualquier programación económica. En términos políticos, tal reforma significa progreso en términos económicos y autarquía. El decreto delegado, de todos modos, tendrá que volver a la comisión interparlamentaria que está presidida por un comunista.Con tono duro y de «ultimatum», los socialistas le han recordado ayer a Andreotti que la ley sobre las regiones está comprendida en el acuerdo. Pese a ello, la moción, preparada ya para ser discutida en el Parlamento, no hace referencia alguna a la propuesta de socialistas y comunistas de destinar a los ayuntamientos un nuevo impuesto sobre e¡ patrimonio, por oponerse a ello los socialdemócratas.Pesimismo socialista

Se comenzará, pues, a discutir la moción concretada en cinco puntos sobre orden público, economía, organismos locales, escuela, prensa y radio, tratando de que no afloren las contradicciones que encierra. El secretario socialista Bettino Craxi las hizo aflorar, antes de tiempo, exactamente antes que llegue el otoño, cuando el voto de cuatro millones de italianos constituya una verificación del marco general político. Al «pesimismo» de Craxi se opone el «optimismo» de Ugo La Malfa y los republicanos, para quienes el acuerdo programático durará toda la legislatura, porque en sus posiciones ideológicas, comunistas y democristianos se han convencido, por fin, de que el Gobierno de emergencia de unidad democrática no es todavía posible. Provocando la irritación de los comunistas, los liberales han firmado también un acuerdo que a su parecer no comporta una mayoría de Gobierno y no altera los equilibrios políticos existentes.

Estamos, pues, ante un país que «de la contradicción hace virtud». Contradicción entre un acuerdo técnico de los partidos y el poder gubernamental que de hecho queda sólo en manos democristianas, con la técnica de Gobierno de debilitar al adversario a través de extenuantes negociaciones. Contradicciones asimismo en «la casa» democristiana que se encuentra y no se encuentra con los comunistas sólo a medio camino. Y en «casa comunista», cuya base no tiene que saber que las negociaciones han sido conducidas sobre todo por los democristianos. Pese a ello, los comunistas están contentos porque, aunque conscientes de no haber superado la barrera que impide el Gobierno de unidad democrática, abandonan, después de treinta años, el «ghetto» de la oposición, del choque frontal ideológico. Acaban de presentar a la opinión pública su «proyecto a medio plazo» elaborado por sus mejores cerebros económicos.

La conclusión es la siguiente: con una derecha casi demolida por la debilitación del partido neofascista y una extrema izquierda hecha pedazos, el espacio político queda libre y seguro para las dos fuerzas políticas hegemónicas (DC y PCI) entre dos oposiciones: la que políticamente les viene a los comunistas del senador Fanfani, quien anteayer les acusó en Caserta de «pluralistas hipócritas», defendiéndose de las acusaciones «duras y ofensivas», que le definieron como compañero de viaje del führer de Baviera, de Strauss, los conservadores ingleses y las derechas francesas. También la oposición real de más de cuatro millones de trabajadores que pararon anteayer, pidiendo inversiones, empleo y desarrollo en el sur.