La Comisión Internacional de Juristas destaca la democratización española
Por primera vez en veinticinco años, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), a través de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, hecha pública ayer en Ginebra, destaca hechos positivos de la vida cívica española, y valora lo que califica de «camino inexorable hacia la democracia y el respeto del derecho». Dicho texto constituye un contraste total con anteriores informes, estudios y documentos emitidos por la CIJ, durante años y años, producto de misiones de observación y asistencia a procesos penales, cumplidos bajo el régimen franquista.
La Comisión Internacional de Juristas, hace una enumeración de once medidas adoptadas por el actual Gobierno español, incluidas algunas observaciones y comentarios que, estima como trascendentales en el proceso de democratización.Destaca la «abolición del Movimiento Nacional, en función del pluralismo acordado por la ley de, Reforma política; la ley de Reforma Política que sienta las bases -dice- para un futuro democrático y marca una etapa histórica; reconocimiento en noviembre de 1976, de una mayor autonomía para las provincias afectadas por el decreto de junio de 1937, y para Cataluña. Permítame expresar -dice textualmente- la esperanza de que pueda continuar este proceso hasta llegar a una solución aceptable que torne debidamente en cuenta los regionalismos, particularmente de vascos, gallegos, catalanes y la conservación de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos ».
En otros puntos de la carta, que lleva la firma de Niall Macdermot, secretario general de la CIJ, se señalan como positivas, entre otras, «la serie sucesiva de medidas de gracia, materializada en indultos generales, amnistías e indultos particulares; el indulto al personal de las Fuerzas Armadas en mayo de 1977; la conmutación de penas de prisión por extrañamiento que, esperamos -sostiene- sea transitorio; modificación de diversas leyes represivas, como la de prevención del terrorismo, por el retorno a la competencia de los tribunales civiles para juzgar delitos de esa naturaleza.
La reorganización de los organismos de Justicia que procura la seguridad jurídica de los ciudadanos, piedra angular del Estado de Derecho; sanción de normas que protegen la libertad de expresión y la prensa; ley de junio de 1976, que protege el derecho de constituir o adherir a asociaciones políticas. Esto debe verse acompañado -señala-, de la ya citada modificación del Código Penal, que quita ilicitud a diversos partidos y asociaoiones políticas y al reconocimiento legal que se ha hecho de varias formaciones y partidos; el decreto real que encara y dé una solución para el caso de los objetores de conciencia al servicio militar, por motivos religiosos», y otras normas, leyes y decretos relacionados con el campo sindical y del trabajo.
Todas,estas medidas -señala la carta- han encontrado amplio apoyo en la actitud y la madurez del pueblo de España, y muy particularmente en el ejemplo de civismo demostrado por sus organizaciones políticas, sindicales, profesionales y civiles. Por primera vez en 41 años -añade- el Parlamento español está integrado por aquellos en quienes el pueblo libremente depositó su confianza.
La Comisión Internacional de Juristas, recuerda en su nota dirigida al presidente del Gobierno, que es una organización internacional no gubernamental, «cuyo objetivo es promover la comprensión y la observancia del imperio del derecho y la protección jurídica de los derechos humanos, con carácter estrictamente apolítico, de independencia e imparcialidad que, han caracterizado sus veínticinco años de actuación internacionalmente reconocidos»
