De la reforma a la democracia

Desde que a las once de la noche del día 7 de julio de 1976 fue dado a conocer el primer Gobierno nombrado por el recién designado presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que vino a sustituir a Carlos Arias Navarro, ha perdurado casi un año, día a día, sin apenas modificaciones. En el camino quedaron, por diversos motivos, el vicepresidente primero del Gobierno, teniente general De Santiago; Ignacio García López, víctima de la inevitable desaparición de la Secretaría General del Movimiento, aunque fue rescatado para ocupar el nuevo puesto de ministro-secretario del Gobierno; Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, que no estimó compatible su permanencia en el Gobierno con la legalización del Partido Comunista de España, y Leopoldo Calvo-Sotelo, ministro de Obras Públicas, escogido por Suárez para organizar el recién creado Centro gubernamental con vistas a las inminentes elecciones generales.El nuevo Gobierno nace con una decidida vocación reformista, cuyo primer acto práctico fue la reforma del Código Penal, de 14 de julio, por la que se amplió el derecho de asociación política, despenalizando los tipos delictivos que hasta entonces hacían a aquél prácticamente inviable. La puesta en libertad de presos políticos adquiere importancia decisiva cuando el 30 de julio siguiente se produce el primer decreto-ley de amnistía promulgado por el nuevo Gobierno.

Mientras tanto, el 17 de julio se producen una serie de atentados terroristas, que van a ser el prólogo de otros numerosos producidos en los meses siguientes y que llevan la impronta de una misteriosa organización de extrema izquierda que se iba a hacer tristemente célebre: los GRAPO. La Oposición democrática, por su parte, comienza a tener por parte gubernamental consideración de interlocutor válido, celebrándose el día 10 de agosto la primera entrevista Suárez-Felipe González, prólogo de los posteriores y frecuentes encuentros.

Tolerancia

El 21 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, inicia con su visita a la República Federal de Alemania la serie de viajes al extranjero, luego proseguida por el presidente del Gobierno y por el propio Rey, que tendría por objeto dar credibilidad en el exterior a la nueva imagen de España como país en transición a la democracia. A primeros del mes siguiente, concretamente el día 10 de septiembre, el presidente del Gobierno expone al país, a través de la RTVE, la filosofía de la reforma política proyectada por, el Gobierno, que habría de ser aprobada por referéndum el día 15 de diciembre.

La primera gran manifestación autorizada se produce en Madrid, contra la carestía de la vida, el día 10 de septiembre, con asistencia de 100.000 personas. En el mismo mes se inicia en el País Vasco un paro masivo a favor de la amnistía, primero de los numerosos que se producirían en los meses siguientes por el mismo motivo. El Gobierno comienza una política de distensión respecto al País Vasco, con la autorización de la ikurriña poco antes del Aberri Eguna, cuya celebración no sería autorizada. Sin embargo, el tema de la amnistía no tendría tan fácil solución, llegándose a momentos de tensión, con masivas manifestaciones. y varias semanas pro amnistía, que produjeron numerosas víctimas como consecuencia de los enfrentamientos con la fuerza pública.

La política más comprensiva del nuevo Gobierno respecto al problema de las autonomías regionales tiene su primera manifestación en la derogación del decreto-ley de 1937 sobre el régimen económico-administrativo de Guipúzcoa y Vizcaya, con que el general Franco castigó a los vascos por su adhesión a la República. Una vez aprobada en referéndum la ley para la Reforma Política, se inició lentamente una política de tolerancia real del nuevo Gobierno respecto a actividades de partidos políticos todavía no legalizados y de asociaciones de vecinos, aunque todavía se mantiene una política cerrada respecto al derecho de manifestación. En aquellas fechas produce conmoción y sorpresa en el país la rueda de prensa clandestina en Madrid, con fotógrafos y periodistas, de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España. Su detención, pocos días después, concretamente el 22 de diciembre, sería el primer paso del largo y medido recorrido que llevaría indefectiblemente, tres meses y medio después, a la legalización del PCE. Cuatro días antes del referéndum se produce la acción terrorista de mayor envergadura producida desde hacía muchos meses, con el secuestro de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado. Los misteriosos GPAPO, que actúan ahora a gran escala, se atribuyen esta acción, teniendo en jaque durante semanas a la opinión pública y a los propios servicios policiales. Cuando parecía que ya se había producido el no va más terrorista, surge el 24 de enero siguiente la noticia del secuestro, por los mismos misteriosos GRAPO, del teniente general Villaescusa, en pleno centro de Madrid y a la luz del día. La que algún medio informativo llamaría más tarde la semana del complot se inició ese mismo día con el quíntuple asesinato del despacho laboralista de la calle de Atocha, y finalizaría cuatro días más tarde con el asesinato de tres agentes del orden

Elecciones generales

En el terreno de la política exterior, aparte de los viajes de personas del Gobierno a diversos países del área occidental, se establecen por primera vez después de la guerra civil relaciones diplomáticas plenas con la URSS, y se produce la entrevista del Rey con el papa Pablo VI, en Roma, que viene a confirmar la política de distensión entre el Estado español y la Iglesia católica, iniciada el 16 de julio anterior con la renuncia por el Rey al privilegio de presentación de obispos.

A partir de mediados de febrero, la preocupación principal del Gobierno pasa a ser la preparación de las elecciones generales, cuyas normas son publicadas el 15 de marzo.

Mientras tanto, el Gobierno aprueba, a mediados de marzo, dos decretos-leyes, uno de aplicación de la amnistía de 30 de julio pasado, y otro de indulto general, que serán la base legal para el progresivo excarcelamiento de todos los presos políticos vascos, aunque presos políticos de otras regiones continuarán en prisión. El 1 de abril, 38 años después del último parte de guerra firmado por Franco, se aprueba la supresión de la Secretaría General del Movimiento, mientras que el día 9 del mismo mes es legalizado el Partido Comunista de España. A partir del 15 de abril, con la convocatoria de las elecciones, la acción gubernamental y de los partidos políticos legalizados girará en torno a este tema. Suárez anuncia su presentación a las elecciones como candidato por Madrid dentro de una coalición electoral denominada Unión de Centro Democrático, tarea que hará compatible con su condición de presidente del Gobierno. Se manas antes del comienzo oficial de la campaña electoral, fijado para el 24 de mayo, comienzan los mítines masivos de los partidos de izquierda, que en algunos casos llegarían a sobrepasar las 200.000 personas. En sustitución del artículo segundo de la ley de Prensa se promulga un decreto-ley, conocido por la ley antilibelo, mal acogido entre la clase periodística, que agrava las penas por los delitos cometidos en período electoral.

La celebración de las elecciones generales, el día 15 de junio, es el comienzo del final del Gobierno nombrado un año antes. En los primeros momentos, tras las elecciones, se especuló con las posibles fórmulas de la composición, del nuevo Gobierno, llegando incluso a apuntarse en los medios políticos la posibilidad de participación de algún dirigente de la izquierda, pero muy pronto se vio que la fórmula escogida por el presidente Suárez era la monocolor: un Gobierno formado por líderes de la UCD, dosificado con algunas personalidades vinculadas a la figura de Adolfo Suárez.