Padres de subnormales piden que sus hijos continúen en los centros asistenciales
Un grupo de madres está recogiendo firmas y apoyos de todo tipo alrededor de un escrito en el que se pide al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, su intervención en defensa de los subnormales, profundos, en particular los mayores de dieciocho años, que serán expulsados a partir del próximo 18 de julio de los centros donde estaban atendidos hasta ahora.
El documento menciona la respuesta favorable del señor Suárez a una petición anterior de estas familias. El actual presidente del Gobierno prometió ocuparse del problema de los disminuidos siquicos. Los padres alegan, además, que la Unión de Centro Democrático ha sido uno de los grupos políticos que firmaron recientemente un documento que plantea una alternativa democrática para el sector marginado de los subnormales. El documento comprometía a sus firmantes a buscar urgente mente soluciones eficaces. Las madres en cuestión vuelven a dirigirse al señor Suárez -dicen- porque han agotado ya el resto de las vías legales a su alcance, sin que hayan obtenido respuesta válida alguna.
El problema inmediato y angustioso que se les plantea es que sus hijos, calificados de subnormales profundos, acogidos hasta ahora en centros oficiales dependientes en última instancia de la Dirección General de Sanidad, tendrán que abandonarlos el próximo 18 de julio, en cumplimiento de una norma que rebaja la edad de permanencia en los mismos de los veintiún a los dieciocho años.
Las familias exponen que uno de estos disminuidos no lo es menos a los dieciocho que a los veintiuno, o viceversa, ya que se trata de una categoría considerada como prácticamente de irrecuperables, que van a depender de asistencia externa durante toda su vida, sin que puedan valerse por sí mismos para nada.
El coste económico que supone la asistencia se eleva a unas 30.000 pesetas mensuales, cifra que está fuera del alcance de sus posibilidades. Hasta ahora, el escrito ha sido apoyado por los particulares y algunas asociaciones que lo han recibido, como Apanid (Asociación de Padres de Niños Disminuidos). Otras, como Afanias, parece que no han recibido la iniciativa con demasiado entusiasmo, aunque Afanias ha sido acusada en anteriores ocasiones de oficialista.
Las medidas que se proponen son en primer lugar, la inmediata derogación de la norma antes citada, y la puesta en práctica de un plan de creación de centros asistenciales que puedan acoger a este sector marginado de la población, que es minoritario, puesto que se calcula su número en unos 15.000 para toda España, pero que necesitará una ayuda constante.
Por último, se desecha el argumento de que las familias afectadas deben ser capaces de suplir todas las deficiencias de la asistencia, y sostienen que también la Administración debe ser capaz de garantizar una ayuda a todos los sectores de la población que lo necesiten.
