Encierro de propietarios de viviendas subvencionadas en Murcia
Los propietarios de los bloques de Torrejardines, en Murcia, que comprenden 174 viviendas en once bloques de ocho plantas cada uno, invadieron sus pisos la noche del pasado viernes, ante un retraso en la entrega de llaves de algo más de un año. Además, y según manifestaron ayer varios de los propietarios en una rueda de prensa, han surgido numerosas irregularidades por parte de la empresa constructora, Promursa, y el Ministerio de la Vivienda.Por una parte, las cédulas de calificación definitivas de las viviendas presentadas a los propietarios, no se corresponden con la superficie real, pues indican de siete a diez metros cuadrados más por vivienda, lo que supone a cada propietario del orden de las 250.000 pesetas. Además, la empresa no ha respetado las liquidaciones que se pactaron verbalmente, en las que se estipulaba que los ocupantes de las viviendas pagasen el 50 % de las obras de infraestructura urbanística, que tampoco les corresponde pagar. Igualmente, pretende cobrar los intereses de un capital que ha sido cubierto por el préstamo estatal; indica, como precio del transformador de electricidad, cuatro millones de pesetas, cuando según Hidroeléctrica, el precio es de 1.200.000, y quiere cobrar por gastos de escritura de unas viviendas subvencionadas 34.500 pesetas.
Excepto unos cincuenta vecinos, el resto se niega a pagar estas cantidades, mientras la empresa se niega a proporcionarles las llaves de las viviendas, y de ahí que los propietarios decidieran forzar las puertas y ocupar las casas que no piensan abandonar hasta que no se solucione el problema.
Los vecinos mantuvieron ayer una reunión con dos diputados al Congreso por Murcia, para exponerles su situación y fueron visitados por el abogado de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, Luis Treviño, quien les manifestó que todo se solucionaría y que serán unas liquidaciones justas y acordes con la realidad. La impresión de los propietarios era, con todo, de cierta incredulidad, ya que «hasta ahora -decían- el Ayuntamiento y la Delegación de la Vivienda nos han dejado indefensos ante la promotora».
