El Gobierno retrasa la reforma administrativa

El Consejo de Ministros que debía celebrarse hoy -aunque oficialmente no había sido convocado- es muy probable que se reúna mañana miércoles para aprobar la reforma administrativa. Precisamente el retraso en la preparación de los textos jurídicos sobre ésta ha motivado el aplazamiento de la reunión gubernamental, junto a los problemas planteados a Adolfo Suárez por su propósito de eludir el paso por las nuevas Cortes de la reforma citada. No se descarta un retraso de la reforma prevista.

En la reunión que Adolfo Suárez mantuvo ayer con el líder de la fracción mayoritaria de la Oposición en las Cortes, Felipe González, el presidente del Gobierno manifestó que no excluiría un debate parlamentario sobre la reforma de la Administración, si bien la que ahora se va a llevar a efecto se trata de «una simple reestructuración interna».En todo caso, la trascendencia que la modificación de la estructura de la Administración Pública -llámese reforma o reestructuración- va a tener para la gestión de los asuntos públicos era considera da ayer por altas fuentes del PSOE como un desaire a la misión de los diputados y senadores -

La nueva estructura del Gabinete y demás altos cargos administrativos era esperada desde finales del pasado año en los medios políticos. En este sentido, fue favorablemente considerado por la opinión pública que, con el pretexto de un decreto-ley sobre medidas económicas (el 18/1976, de fecha 8 de octubre), el Gobierno obtuviera una delegación legislativa para realizar la reforma citada.

El artículo 26 del citado decreto-ley decía textualmente: «Con objeto de, obtener una mayor economía en los gastos públicos y una mayor eficacia en la gestión de los servicios, el Gobierno, a propuesta de su presidente, podrá acordar la supresión, refundición o reestructuración de los departamentos ministeriales y de los organismos y servicios de la Administración del Estado e institucional, cualquiera que sea el rango de la disposición.»

En fuentes próximas a los propios funcionarios públicos -que en gran medida sentirán los efectos de la reestructuración en marcha-, se pone de manifiesto que una delegación legislativa que se otorgó al Gobierno en consideración a la urgencia del tema no ha sido utilizada a lo largo de más de ocho meses, cuando políticamente tenía justificación, para evitar el paso de la medida por las nuevas Cortes. En cambio, estiman que ante la constitución de las nuevas Cortes, la aplicación, ahora, de aquella delegación significaría un trato desfavorable para las Cortes surgidas de las urnas.

Tras la entrevista de ayer entre Suárez y Felipe González, y a la vista del aplazamiento sufrido por el Consejo de Ministros, las fuentes citadas estiman que la constitución del nuevo Gobierno podría hacerse según la estructura actual, hasta tanto las Cortes decidan sobre la reestructuración prevista.

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