El Colegio de Arquitectos se desliga del control urbanístico de proyectos

El Colegio de Arquitectos de Madrid y región, reunido en junta general el pasado 26 de mayo, aprobó una moción en la que se pedía que desaparezca la exigencia del visado urbanístico, norma de vigilancia por la que el Colegio procuraba controlar las irregularidades urbanísticas que pudieran contener los proyectos presentados. La decisión, aprobada ya, entrará en vigor caso que el Ministerio de la Vivienda no redacte en el plazo de un mes el reglamento del articulado de la ley del Suelo.

La ley del Suelo, en su sexta disposición final, establece que «el Gobierno, en los seis meses siguientes a la aprobación de la misma, dictará por decreto... el reglamento general, o en su caso, los reglamentos parciales que estime oportunos para el desarrollo y aplicación de esta ley».Por otra parte, el artículo 228 establece que «los colegios profesionales que tuviesen encomendado el visado de los proyectos técnicos para la obtención de licencias denegarán dicho visado a los que contuvieren alguna de las infracciones previstas en el artículo 226, relativas a parcelaciones, uso del suelo, volumen y situación de los edificios y situación de las edificaciones y ocupación permitida de las superficies de las parcelas».

La propuesta fue aprobada por 186 votos a favor, 79 en contra y 78 abstenciones. Previamente, el arquitecto Martin Crespo, al mismo tiempo subdirector general de Urbanismo, había presentado una moción en la que pedía la anulación total de la anterior. La moción del señor Martín fue rechazada por 222 votos en contra, 87 a favor y 34 abstenciones.

La propuesta insiste además en que, si el reglamento no se dicta en tres meses, el Colegio se liberará incluso de informar los proyectos, responsabilizando a Ia Administración de las posibles responsabilidades por los desmanes urbanísticos que puedan producirse.

Medios profesionales de la línea progresista del Colegio definen esta medida como un paso atrás. Fue presentada por el sector más conservador, entre ellos. Ramón Canosa y Mariano Fernández (actual director general de Urbanismo) y lo que se trata es liberar al Colegio de su parte de responsabilidad en el control del urbanismo de Madrid, poniendo como pretexto la también deficiente actuación de la Administración. La obligatoriedad del visado fue una de las medidas por las que más luchó la anterior junta de Gobierno, y una de las que más denostó la junta actual.