Denunciada ante la OIT la falta de libertad de sindicación de los funcionarios españoles

«La situación de los derechos sindicales en la función pública es desgraciadamente muy sencilla de describir: no hay libertad sindical para los empleados públicos ni está reconocido ningún tipo de derechos sindicales, como lo son los de reunión, negociación colectiva, huelga, etcétera. » Este es uno de los párrafos de la intervención de la delegación de trabajadores de España, ante la comisión tripartita de «servicio público» de la 63 conferencia internacional del trabajo.La delegación sindical española planteó, además, que desde hace cinco años los funcionarios de su país han llevado a cabo importantes luchas por el reconocimiento de los derechos sindicales. Sin embargo -dijeron-, esta lucha ha tenido que desarrollarse al margen de la legalidad vigente y ha sido a menudo reprimida con dureza por las autoridades administrativas.

Los representantes de los trabajadores españoles acreditados ante la conferencia denunciaron que «a los despidos colectivos del personal como respuesta a sus reivindicaciones, se ha hecho añadir la aplicación del artículo 222 del Código Penal, que considera delito de sedición la huelga en los servicios públicos».

Nuestros compañeros del servicio de correos y telégrafos -sostuvieron ante la comisión- sufrieron esta acusación en su último conflicto y fueron sancionados sus representantes con seis meses de prisión.

También hicieron ver que «a pesar de que el Gobierno discute desde hace un mes un proyecto de norma legal para la sindicación de los funcionarios, no se explican las razones por las que en varios Consejos de Ministros se haya aplazado sistemáticamente su aprobación, temiendo -dicen-, que a la vista de inminentes elecciones generales, el tema pueda ser aplazado indefinidamente ».

La intervención en forma de denuncia de la delegación española de trabajadores, hizo pensar en una fuerte réplica por parte de los delegados gubernamentales españoles, pero no ocurrió así.

Uno de los delegados gubernamentales de España adelantó «el criterio favorable que nos merecen las conclusiones propuestas, tanto en lo que se refiere a la adopción de un posible instrumento internacional sobre la materia (convenio), como a las líneas generales de su contenido».

La delegación gubernamental planteó, sin embargo, la ausencia de algunas precisiones en la discusión del tema, como la delimitación del concepto de «funcionario público».

Caracterizando la actuación que vive el país, el delegado español la calificó de extrema movilidad y fluidez, que exige -dijo- la contribución responsable y generosa de todos los sectores de la sociedad española, entre los cuales, estoy seguro, no habrá de faltar la eficaz participación de los trabajadores de la función pública.