Se solicita al Gobierno la inmediata supresión de la pena de muerte

Solicitar al Gobierno la inmediata supresión de la pena de muerte fue el único acuerdo, aceptado por unanimidad, que se tomó de la primera sesión de la junta general extraordinaria que se celebró ayer en el Colegio de Abogados de Madrid. La junta es continuación de la convocada el pasado mes de febrero, que, se suspendió a causa del asesinato de los laboralistas.

Sólo los tres primeros puntos de los dieciséis de la orden del día se trataron en las cuatro horas que duró la sesión; los referentes a la pena de muerte, petición de amnistía para los delitos de intención política y de un indulto para los delitos comunes cometidos después del decreto del 25 de noviembre. Esta mañana proseguirán los debates sobre el resto de las propuestas y al final se procederá a la votación. La legalización del divorcio, establecimiento de la mayoría de edad civil y electoral a los dieciocho años, derogación de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y de los delitos de adulterio, amancebamiento y estupro, son algunos de los temas de gran alcance social sobre los que el Colegio de Abogados se pronunciará hoy.En cuanto a la petición de amnistía, en las diversas intervenciones de la sesión de ayer se manifestaron dos posturas encontradas: la de los partidarios de excluir de la amnistía los delitos de sangre y contra la propiedad privada, y la de quienes defendían una amnistía amplia, justificada por el marco político. Por fin, prevaleció el criterio adoptado en el congreso de León: solicitar la amnistía de la totalidad de los delitos políticos.

"Delincuentes comunes" o delincuentes sociales"

El tercer punto que se abordó -concesión del indulto a los delitos comunes- planteó una cuestión semántica sobre el uso del término delincuentes comunes o delincuentes sociales, que algunos letrados identificaban, mientras otros consideraban que no respondían a conceptos idénticos.Una de las intervenciones más aplaudidas fue la del señor Fernández Romero, que manifesto su desacuerdo con las condiciones del sistema penitenciario y los procedimientos penales que, más que evitar, fomentan la delincuencia.

Otro colegiado apuntó que si se pide amnistía para los delitos políticos, con mayor razón hay que conceder la gracia a los delitos comunes, que no infringen los principios sociales y además están muchas veces justificados por la precaria situación de quienes los cometen.

Por último, el señor Reyes apuntó que delitos no comunes pueden encubrirse en el indulto y propuso que éste excluyera a los delitos comprendidos en el punto anterior sobre delitos políticos.

En otro orden de cosas, durante el desarrollo de la sesión se registraron dos incidentes: la avería del sistema megafónico, que obligó a aplazar los debates durante veinte minutos, y el aviso -recibido en EL PAÍS- de la instalación de una bomba en el local, que haría explosión si continuaban los debates. Recibido el aviso, los asistentes decidieron no hacer caso de la amenaza y proseguir la junta.