Una visión desapasionada del desarrollo regional español

La proverbial facilidad con que los anglosajones comprenden problemas que nosotros somos incapaces de objetivizar, no cesa de sorprendernos. Tuvimos que ir a Hugh Thomas- para entender la guerra civil, recorrer con Geraid Brennan el laberinto que la precedía, desentrañar con Raymond Carr el significado del siglo XIX, y hasta Madariaga tuvo que irse a Oxford para escribir la crónica del imperio español en América. No es de extrañar que sea también un inglés, el economista Harry Richardson, quien haya dado la visión más clara que existe hasta el presente del espinoso problema del desarrollo regional España. (1)Richardson plantea los problemas de fondo enmarcando el desarrollo regional en el contexto económico y político y comparando el caso español con la teoría económica regional. Realiza después un análisis de resultados comentando la planificación regional en los planes de desarrollo y su política de polos, evaluando los de Huelva, Córdoba, Sevilla, Oviedo y Logroño. Termina refiriéndose a cuestiones de detalle, como otras políticas espaciales, la administración de la planificación regional y la planificación urbana. Su conclusión plantea argumentos en favor de una planificación espacial a largo plazo.

Hay dos teorías generalmente usadas para describir el desarrollo regional: la neoclásica, que postula el equilibrio por movimientos de los factores productivos, y la de causación acumulativa, que predice el desequilibrio por concentración creciente de actividades en las regiones más desarrolladas. Richardson se inclina por la segunda en el caso de España, señalando además que las políticas económicas seguidas en España desde 1960 adoptaron las ideas del informe del Banco Mundial (1962) de que la industria debía concentrarse en las reglones desarrolladas. Este informe aceptaba la discutible hipótesis de Williamson de que al aumentar el desarrollo económico, las rentas regionales tienden automáticamente a igualarse y que el PNB debe aumentarse en tamaño antes de que pueda ser redistribuido espacialmente. Garnir y Sáenz de Buruaga creen detectar esta convergencia entre las regiones españolas, mientras que Lasuén y Carreras no creen en la validez de los datos disponibles de renta regional. Las consecuencias de esta política han sido una reducción de las diferencias de renta entre ciudades, pero un incremento de las diferencias urbano-rurales que. combinadas, han dado como resultado un efecto neto de reducción de las diferencias de renta entre regiones, debido a que la renta de las ciudades en las regiones subdesarrolladas ha crecido bastante rápidamente. De modo que en las regiones pobres lo que se ha desarrollado han sido sólo las ciudades mayores.

Los objetivos de la política regional se ven constreñidos por la contraposición entre tasa nacional de crecimiento y equidad regional; una disminuye la otra, y el político debe decidir la mezcla deseable de ambas. En España, según Richardson, existe alguna evidencia de que la meta de eficacia, que fue el objetivo prima rio del Plan, siguió siendo la meta dominante, pese al cambio hacia una política regional más activa en el II y III Plan. En Es paña la política de desarrollo re gional se ha desenvuelto como un ,subproducto de las estrategias nacionales de planificación indicativa sectorial,comprendidas en los tres planes.

Sobre la política de pelos, Richardson opina que resulta adecuada para un país como España, aunque se extraña de que no hubiesen polos en algunas regiones subdesarrolladas. La renta per cápita en los siete polos creció más aprisa que en las provincias de las principales metrópolis y más aún el, producto industrial bruto; pese a lo cual no lograron frenar la emigración en la provincia donde estaban. Los polos parecen haber promovido una polarización intraprovincial más que generado un desarrollo regional o provincial amplio: el polo crecía a expensas de la provincia. La política de polos no puede ser considerada como una solución completa para los problemas del desarrollo regional en España, porque los puestos de trabajo creados hasta 1517 1. equivalen al 3% de la población de las ciudades-polo y al 0,5% de la población activa nacional; los puestos de trabajo creados en polos han sido 7.000 al año, mientras que el descenso anual del empleo agrícola era de 110.000 al año. Parece correcta la postura de Leira de que los polos han sido -una estrategia legitimizadora, dando un pretexto a los políticos para adoptar prioridades industriales nacionales disfrazadas como políticas regionales.

La solución está en un cambio de énfasis en vanos frentes: cambio del horizonte temporal de cuatro años a uno de veinte-veinticinco años; de la planificación sectorial a la espacial; del sector privado como agente de cambio al público, y de la inversión en infraestructura industrial a la social. Asimismo, para evitar que el polo se convierta en un mero enclave industrial, la integración del polo con su zona de influencia requiere el desarrollo de una jerarquía urbana dentro de la región, creando subpolos unidos por rutas eficaces de transporte, es decir, una estrategia de polos regiones en vez de polos nacionales. Quien esto escribe, ha contrastado empíricamente esta hipótesis que plantea Richardson, concluyendo que la actividad económica está fuertemente concentrada en las capitales regionales; por lo cual el desarrollo nacional ha supuesto solamente la convergencia de los niveles de vida entre regiones, pero no dentro de las regiones.

Richardson concluye que los problemas críticos de la planificación regional en España siguen sin estar resueltos y plantea una serie de cuestiones: ¿Cuáles son las regiones que deben desarrollarse? ¿Cómo hacer compatible la rápida industrialización con, la preservación del paisaje y el carácter de las ciudades antiguas? ¿Cómo remediar la notoria carencia de coordinación entre los ministerios?.. ¿Cuáles son los mecanismos para introducir un elemento de planificación de «abajo hacia arriba» que contrarreste la insensible planificación de «arriba hacia abajo» seguida por la estructura centralista? ¿Cómo llevar a cabo una descentralización eficaz, no mediante una farsa burocrática sino de tal forma que las decisiones de planificación regional respondan a las necesidades y preferencias locales? Participar en las decisiones de cómo deben responderse todas estas preguntas no es una prerrogativa de planificador regional o del con unto de la Administración, o incluso de la élite empresarial y profesional, sino que es un derecho de toda la población, de todas y cada una de las partes de España.