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La CEE vuelve a examinar la convención antiterrorista

Juan Cruz

Los ministros del Interior de la CEE discutirán esta semana en Londres la convención antiterrorista que aún no han conseguido aprobar. La reunión se celebra el martes. Tiene lugar en la capital británica, porque el Reino Unido ocupa hasta finales de junio la presidencia de los Consejos de la Comunidad. En el caso de los ministros del Interior, el Reino Unido es un lugar significativo para conversar sobre terrorismo, porque este país padece el problema mucho más permanentemente que sus colegas europeos, a causa del conflicto del Ulster.

Una de las dificultades para lograr la unanimidad sobre la convención antiterrorista la presenta la República de Irlanda, en cuya Constitución se indica que los perseguidos por delitos de índole política no deben ser deportados a requerimiento de terceros. Una de las cláusulas del acuerdo antiterrorista que se pretende alcanzar roza en ese tema las leyes irlandesas, que sólo podrían reformarse por medio de un referéndum.

Es probable que los problemas de seguridad comunitaria se liguen en la reunión del martes con el tema de la ampliación de la CEE, que de llevarse a cabo afectaría a España, Portugal y Grecia. En los tres casos, la existencia o la posibilidad de terrorismo de carácter político da una dimensión aún más grave a la discutida convención comunitaria. Lo que podría salir de Londres sería una definición aproximada de lo que es el terrorismo político y hasta qué extremos puede aplicarse la extradición, cuyo tratamiento ha llegado a enfrentar a los integrantes de la CEE.

En lo que también tratarán de ponerse de acuerdo los ministros del Interior es en las posiciones que la Comunidad debe adoptar en la conferencia de Belgrado sobre seguridad y cooperación en Europa. Parece que la tesis británica de llevar allí una postura común es la que va a prosperar. Sobre la base de la existencia de tribunales internacionales creados por Occidente para vigilar la observancia de los derechos del hombre, la CEE responderá a las probables alusiones que el bloque soviético haría en Belgrado al reciente juicio contra Gran Bretaña por su tratamiento a los detenidos del IRA en 1971. La acusación fue llevada a Estrasburgo por el Gobierno de Irlanda.

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