Las fuerzas de orden público

EN EL relevo del jefe superior de Policía de Bilbao se han pronunciado unas palabras esperadas hace cuarenta años y que ahora adquieren especial significación, cuando, además, se pronuncian en el País Vasco: que la Policía no puede estar al servicio de una ideología, sino de la sociedad entera sin distinción. Por otra parte, y en el mismo acto, el director general de Seguridad anunció la próxima publicación de una ley de Bases para la reorganización de la policía gubernativa.Lo que está en marcha es la reestructuración de cuerpos como el policial y los de Policía Armada y Guardia Civil. La reorganización de estos últimos queda en manos del Gobierno por el decreto de 7 de abril pasado, sobre funcionarios del Estado y personal militar. Y los tres cuerpos esperan, con mayor o menor inquietud, la adecuación de sus reglamentos y funciones a las necesidades de la sociedad democrática que se prepara.

Los propios funcionarios de estos cuerpos o armas entenderán, de seguro, la necesidad de esta reorganización. No es desdoro para sus honras personales o corporativas reconocer aquí la obviedad de que, durante los años del franquismo, fueron utilizados con frecuencia para la salvaguarda de unos intereses políticos muy concretos. Yerran los funcionarios de orden público cuando creen advertir reticencias hirientes en la prensa hacia sus cuerpos, como se equivocan quienes infantilmente redactan por las paredes eso de Disolución de los cuerpos represivos. Piensen los funcionarios responsables del orden que también la prensa fue mero instrumento del franquismo durante décadas, y no por eso los periodistas han dejado de reclamar otro estado de cosas: una sociedad civilizada y moderna, en suma. Pero no hay una sociedad civilizada y moderna sin unas fuerzas del orden organizadas, bien dotadas y disciplinadas.

En cualquier caso, los tres cuerpos citados tienen problemáticas diferentes y sólo una común: los organismos de información y acción paralelos, sobrécuya disolución parece que el Gabinete está seriamente comprometido. Así sea.

La policía gubernativa bien debiera aspirar a la supresión de este apellido y pasar a depender, no del Ministerio de la Gobernación, sino del de Justicia, deviniendo asi en una Policía Judicial. De otra parte, todos sus componentes deben aspirar a una mejora de su capacitación profesional que incremente su eficacia por medios científicos y no coercitivos.

La Policía Armada -que no es otra cosa que la Guardia de Asalto republicana, organizada por Agustín Muñoz Grandes, pero con otro uniforme- está encontrando su sitio cívico. Ha sufrido tal cantidad de bajas, en forma de atentados y asesinatos, que los ciudadanos de todo signo no pueden dejar de reconocer su dedicación y sacrificio en pro del orden social. Empero, sus Compañías de la Reserva General -una especie de Policía Armada de choque calcada de los CRS (Compañías Republicanas de Seguridad, francesas), que siempre operan fuera de sus ciudades de acantonamiento y que están actuando últimamente con una dureza desusada e innecesaria (ahí está el ejemplo de lo ocurrido en Plasencia tras la visita del Rey), deben ser utilizadas de otra manera y con otra óptica.

La Guardia Civil, finalmente, es un cuerpo ya secular, y, por ello, sus reglamentos, usos y costumbres han quedado en gran parte desfasados. Creada utilísimamente para una sociedad rural, ha quedado parcialmente anacrónica en una sociedad industrial que despuebla sus campos. Así, la Guardia Civil se ha visto obligada a desplegar la energía de su ordenación interna en zonas como el País Vasco, que reclaman ya la solución inteligente del restablecimiento de los Miqueletes.

Así se ve que la Guardia Civil, cuando ha podido superar los tiempos del duque de Ahumada, ha llevado a cabo trabajos tan meritorios y nacionalmente reconocidos como un excelente servicio de carreteras. En la misma dirección de modernización técnica y sociológica debe continuar para adaptarse plenamente a las necesidades de la España del desarrollo industrial y la democracia.

Y cabría un resumen final para el papel que deseamos a todos estos responsables de la seguridad pública, aun cuando tengamos que recurrir a tópicos. Lo que la España democrática precisa son fuerzas del orden antes respetadas que temidas, conscientes de que la mejor tarea reside en defender ese camino hacia las libertades que persigue el pueblo español, por cuanto no son los servidores manipulados de una ideología, sino los garantes de la seguridad y la libertad de todos.