Legalización de todos los partidos
UNA DE las posibles consecuencias de la crisis desatada por la legalización del Partido Comunista es la congelación del resto de las solicitudes pendientes de inscripción en el Registro de Asociaciones que el Gobierno envió a la Sala IV del Tribunal Supremo. Dado que el alto tribunal no considera materia de su competencia decidir sobre la presunta ilicitud de los partidos políticos, el Gobierno queda como única instancia con potestad para resolver acerca de las inscripciones pendientes.El aplazamiento hasta después del 15 de junio de la legalización de los grupos a la izquierda del Partido Comunista, y hasta su exclusión desde ahora del Registro, no pone en serio peligro la celebración de las elecciones, al contrario de lo que habría ocurrido si hubieran sido los comunistas los discriminados. Por un lado, no es probable que la solidaridad mostrada por los grupos socialistas e incluso centristas hacia el Partido Comunista se haga extensiva con la misma fuerza a los otros partidos de la izquierda; en cualquier caso, ningún partido -ni siquiera el Partido Comunista- condiciona su participación en las elecciones a la legalización de esos grupos. Por otro lado, no es presumible que el respaldo electoral que pudieran recibir los partidos aún no legalizados modificara de forma significativa la correlación de fuerzas en el Congreso y en el Senado.
Sin embargo, el repliegue del Gobierno en éste terreno, justificable por razones tácticas en su confrontación con la derecha autoritaria y por la ausencia de presión de los partidos ya legalizados, es un grave error político y un atentado contra los principios mismos de la democracia pluralista. Aunque no impida la celebración de las elecciones ni falsee sensiblemente el mapa representativo que resulte de las mismas, abre el camino para un eventual abandono, por alguno de los partidos lanzados al lazareto de los apestados, de sus compromisos formales de aceptar, la legalidad constitucional y renunciar a la violencia. Nos referimos, naturalmente, a los grupos que invocan los legados leninista y maoísta.
En cambio, su plena legalización no sólo les forzaría a salir plenamente a la superficie, sino que les obligaría a ese contacto con la realidad inmediata que ha llevado al Partido Comunista a modificar sus prejuicios.
Pero, además, la discriminación de grupos es un atentado contra los principios de la democracia pluralista. Desde luego, el argumento es válido para todos los partidos, pero todavía lo es más, si cabe, cuando recordamos que un partido republicano -ARDE- y el Partido Carlista se hallan entre los encausados. Ninguna monarquía constitucional debe poner fuera de la ley a quienes propugnan de manera pacífica otra forma de Estado o, incluso, defienden otra dinastía. Por eso en ninguna monarquía europea contemporánea se excluye de la legalidad vigente a los republicanos, y tampoco el abuelo del actual monarca incitó a esa medida discriminatoria contra el carlismo durante su reinado constitucional.
En las futuras Cortes, en la vida política de una España plenamente democrática, deben estar representadas y participar todas las fuerzas políticas y corrientes ideológicas con las que se identifiquen, sectores de nuestra comunidad con capacidad de representación en las Cortes. Tal es la clave de arco de un sistema pluralista. La única excepción admisible es la que se refiere a los grupos y sectas, de izquierda o de derecha, que pretendan dirimir los conflictos o alcanzar el poder mediante la utilización de la violencia.
