Alianza Popular pretende un Pleno urgente de las Cortes

Alianza Popular «considera urgente la celebración de un Pleno de las Cortes» sobre la legalización del Partido Comunista de España (PCE), «teniendo en cuenta la trascendencia que desde el punto de vista constitucional y político» tiene este hecho. Así lo acordó ayer la coordinadora nacional de AP, que aprobó un escrito dirigido al presidente de las Cortes en este sentido, que anoche habla obtenido ya más de cincuenta firmas del total de cien que necesita, a tenor del articulo 51 del reglamento de las Cortes.

El citado artículo establece que «el Pleno se reunirá siempre que el presidente lo convoque, bien por propia iniciativa, bien a instancia motivada de cien procuradores».El escrito redactado ayer en la reunión de la coordinadora nacional de AP, a la que asistieron sus seis máximos dirigentes -con excepción de Manuel Fraga, que permaneció en contacto desde Alicante-, dice textualmente: «Teniendo en cuenta la trascendencia que desde el punto de vista constitucional y político tiene la legalización del Partido Comunista, recientemente acordada por la Administración, y en atención a los argumentos expresados en esta Cámara al aprobarse la modificación del Código Penal sobre asociación ilícita, y a la parcial derogación por decreto-ley de 8 de febrero de la ley de Asociaciones Políticas de 14 de junio de 1976, votada por esta legislatura, y a las consecuencias que ha tenido en el Gobierno y en la opinión pública nacional y extranjera, consideran urgente la celebración de un Pleno de Cortes.»

Los primeros firmantes del escrito son, según Europa Press, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Laureano López Rodó, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva, Enrique Thomas de Carranza, Joaquín Gías, José María de Oriol y Luis Peralta España.

Entre los respaldos a esta iniciativa hay que contar con la próxima reunión del grupo más derechista de las Cortes, Acción Institucional, convocada por Rafael Díaz-Llanos, para el lunes, 18, y la dimisión de los procuradores de designación directa de Franco, teniente general Galera y Torcuato Luca de Tena.

Este último, que fue quien abrió el fuego de las dimisiones legislativas, había publicado el miércoles pasado en ABC, diario de cuya junta de fundadores es presidente, un virulento artículo contra la legalización del PCE. Ayer mismo hizo llegar un escrito al presidente de las Cortes en el que lamenta la práctica del Gabinete que preside el señor Suárez «de modificar por reales decretos-leyes las leyes largamente elaboradas y discutidas en las comisiones y, finalmente, aprobadas en los Plenos», ya que ello -añade- «representa un pro fundo desprecio por parte del Gobierno a la Cámara legislativa».

El señor Luca de Tena, que en 1969 votó en contra de la designación del entonces Príncipe de España como sucesor en la Jefatura del Estado, afirma que su decisión final ha estado motivada por «la gran farsa que se inició el 14 de julio de 1976 y que culminó el 9 de abril de 1977». (Las dos fechas citadas son las de aprobación de la reforma del Código Penal y la legalización del PCE.)

Respecto a la primera fecha recuerda la posición del ponente del proyecto de reforma del Código Penal que «aseguró formalmente que aquello no significaba el reconocimiento o posible legalización del Partido Comunista de España», y concluye que desde aquella fecha «a los nueve meses justos, como corresponde a toda buena gestación, el Gobierno ha dado a luz la farsa que el 14 de julio del año pasado engendró».

«Por considerar que las Cortes han sido burladas -concluye la carta- por entender que ni el momento político, ni la dignidad de la Cámara son los adecuados para tales sarcasmos es por lo que, senor presidente y querido amigo, presento mi dimisión.»