Deslindamiento entre el campo político y el militar

Siempre se había atribuído al almirante Pita da Veiga, el dimitido ministro de Marina, una importancia política excepcional. Veterano entre los ministros militares, había acumulado sobre sí experiencias de Gobierno con Carrero, Carlos Arias y Adolfo Suárez. Se le atribuía un cierto símbolo de continuidad substante, bajo los devenires de la política y del cambio de régimen.El se hubiera sentido incómodo con esas atribuciones. Pita ha sido sobre todo un hombre que se ha sentido arropado por un cuerpo de oficiales muy preparado, con el barco siempre a punto, bien pulido y armado. Este buen respaldo le ha permitido liberar energías para seguir la línea política que él creía digna y defendible, y ésta se había formado esencialmente en tiempos del almirante Carrero. Su dimisión demuestra que la política del Gobierno no es ya la suya. Esta su segunda dimisión, y marcha, es, por tanto, digna y defendible. Porque el almirante ya había presentado la dimisión anteriormente, con motivo del embarazoso incidente en que se metió el Gobierno en el pretendido pase a la reserva de los generales Iniesta y De Santiago. El que Pita continuase en el Gobierno es prueba de que su sentido del deber y del compañerismo le había impuesto sacrificios personales.

El estilo político de Carrero, sin embargo, presentaba alguna característica inservible en una sociedad abierta: la de que los militares debían identificarse de tal modo con el régimen que debían intervenir en el control de la vida civil y en el control ideológico de la sociedad. Esta idea autoritaria corría el peligro de hacer mella sobre todo en aquellos cuerpos armados a los que su estructura numérica exige mayor selectividad y exclusividad, fácilmente derivable hacia el elitismo. La Marina era, quizás, el primero de esos cuerpos. Por eso se ha podido detectar en estos tres últimos días sobre todo entre algunos capitanes de navío y contralmirantes, un sentido hipercrítico respecto de decisiones de Gobierno.

El cambio de régimen y la imparcialidad que debe presidir la magistratura del Rey imponían un exquisito deslindamiento entre el campo político y el militar. Este deslindamiento implicaba paradójicamente, la necesidad de que las Fuerzas Armadas y sus jefes aumentasen su capacidad de buen juicio político, esto es, su perfecta comprensión de las consecuencias sociales de sus actos. Esto ha tardado quizás algo en ser comprendido por algunos sectores reducidos, y en el caso de la Marina baste recordar un incidente protagonizado por un alto jefe naval, en que se quiso comprometer al vicepresidente del Gobierno, o una truculenta conferencia, seguida del artículo en la Revista General de Marina, de contralmirante Daniel Novas, en que se acusaba nada menos que a Europa (a la que el Gobierno desea llevarnos) de practicar una estrategia global contra España, en cooperación con la URSS.

El revuelo registrado en esos sectores de la Marina ha sido provocado, según se cree saber, no tanto por la legalización del Partido Comunista, como por el modo como ha sido hecho, porque cuesta creer que ese punto no hubiese sido discutido y aprobado anteriormente en Consejo. Sería entonces más un problema de «alevosía y nocturnidad» en el reconocimiento (como dijo un oficial), que el reconocimiento mismo, por desagradable que este hecho sea considerado.