El acuerdo España-CEE podría demorarse hasta después de las elecciones

Las diferencias entre los nueve para concluir un compromiso de oferta, a España, para la adaptación del actual acuerdo comercial preferente España-CEE, siguen en pie. El Comité de Embajadores Representantes Permanentes (Coreper) no logró en su reunión del jueves ir más allá de la simple confrontación de tesis, sin alcanzar un acuerdo de futuro proyecto de mandato. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, del 7 y 8 de este mes en Bruselas, sólo podrá escuchar el clásico informe de los trabajos de los expertos y, a lo sumo, dar prisa al Coreper y a la Comisión Europea para solucionar el asunto.

El único elemento nuevo que entra cada vez más en las teorías de los comunitarios es de carácter político. Visto que el actual Gobierno español dirá no a una adaptación, técnica del acuerdo que no comporte ventajas suplementarias agrícolas, ¿por qué no esperar la llegada de un nuevo Gobierno y negociar después del verano el camino que deberá conducir hasta la integración total de España a la CEE?Es evidente que si el Consejo de la CEE no aprueba un proyecto de mandato para negociar con España en el curso del próximo mes de abril, será muy difícil -por no decir imposible- que el Gobierno español pueda negociar en mayo, en plena campaña electoral.

Los comunitarios, que tienen en cuenta la cita electoral española, trabajarían en la puesta a punto de una propuesta que consistiría en lo siguiente:

- Ofrecer a España la rápida extensión técnica del acuerdo, sin ventajas suplementarias, para salvar la fecha fatídica del 1 de julio, en que la extensión del acuerdo deberá aplicarse a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca.

- Acompañar la oferta con la promesa formal de negociar una posterior adaptación económica, con nuevas ventajas agrícolas e industriales, para después de las elecciones.

La tesis tiene sus atractivos para los comunitarios. Entre otras supone guardar la extensión económica del acuerdo para un nuevo Gobierno, salido de las elecciones, que tenga representatividad política ante el pueblo español. Por otra parte, teniendo en cuenta que en Bruselas esperan que el primer gesto político extemo del futuro Gobierno hispano sea la presentación del acta de candidatura a la CEE.

La negociación tendría un carácter más amplio.

El problema para los comunitarios es que España, a juzgar por los contactos diplomáticos del embajador Raimundo Bassols en medios de la CEE, dirá no a todo intento de simple adaptación técnica que no suponga ventajas agrícolas suplementarias. Por lo menos tal es la tesis oficial del momento, por parte de Madrid.

¿Cómo salvar la fecha tope el 1 de julio de 1977, en que deberá extenderse obligatoriamente el acuerdo España-CEE de los seis a la realidad actual de la CEE de los nueve? Denunciar el acuerdo parece impensable. Ni España ni ningún país de la CEE querrá tener la paternidad de frenar un proceso de acercamiento hispano-comunitario, a las puertas de la adhesión.

Lo que no pueden olvidar los comunitarios, y menos aún los dos países duros de la CEE (Francia e Italia) que se oponen a concesiones suplementarias para España en el capítulo agrícola, es que un Gobierno surgido del sufragio universal tendrá todavía mayor validez moral y política para exigir contrapartidas a la CEE.