Callaghan puede verse obligado a presentar otro plan de autonomía regional

La derrota sufrida por el Gobierno británico en su propósito de acortar el tiempo de debate de la ley de devolución para Escocia y Gales puede enterrar definitivamente el actual proyecto de ley, y obligar al Gobierno a presentar otro más preciso y a convocar cuanto antes una consulta popular que refrende los deseos descentralizadores de Callaghan.

Los nacionalistas escoceses sugieren otro camino para salvar la legislación, en la que ven un primer paso hacia su independencia. Ya han dicho que el Gobierno debe disolver el Parlamento y convocar elecciones generales cuyo resultado respalde los propósitos de una victoriosa administración laborista.La derrota que el Gobierno padeció en la noche del martes es crucial, porque pone en peligro la legislación central en la presente sesión parlamentaria. La propuesta de la guillotina con la que se pretendía limitar el tiempo de debate a veinte días no fue derrotada sólo por la oposición tradicional, sino también por una treintena de laboristas rebeldes que han puesto a su Gobierno en la situación de pedir un voto de confianza para seguir mandando. Ni ese voto de confianza ni, mucho menos, las elecciones generales que demandan los escoceses se llevarán a efecto en las actuales circunstancias. Después del fracaso del martes el Gobierno ha advertido que la minoría de hecho en la que se ha quedado en los Comunes es mucho más seria de lo que en un principio se pensó.

La persistencia de la oposición en rechazar las intenciones del Gobierno de introducir la ley cuanto antes tiene varios motivos. Para los conservadores, que no se oponen a la idea general de la devolución, ésta tendría que plantearse recortando los poderes ejecutivos que se le conceden a los escoceses, sobre todo, para gobernarse a sí mismos. Los conservadores estiman que ha de ser el Parlamento de Londres el que tenga la última palabra en la administración de ambas regiones. Los liberales tampoco se oponen a la autonomía e incluso están dispuestos a apoyar al Gobierno en el caso de que la ley se siga debatiendo en su forma actual. Negándose a limitar el tiempo de los debates, lo que los liberales quieren es presionar para hacer oír su criterio sobre la necesidad de introducir más un sistema federalista que uno autonomista en el Reino Unido. Por último, conservadores y laboristas rebeldes se han opuesto a la moción de la guillotina porque no creen en absoluto que Escocia y Gales necesiten una ley como la que se pretende.

En el fondo de la decisión contraria al propósito del Gobierno está también el convencimiento de los representantes de los tres partidos principales en el sentido de que un hecho constitucional de tanta trascendencia no puede discutirse con prisas impuestas en el Parlamento.

Para los laboristas derrotados, la posibilidad de que la ley termine retirándose supone un grave riesgo para la unidad del reino. La ley devolucionista fue pensada para disminuir en las dos regiones implicadas el poderío nácionalista. La ausencia durante un período más largo de una legislación de aquellas características puede reforzar a los independentistas, que califican la reciente decisión del Parlamento de traición a los pueblos de Escocia y Gales, que ahora van a tener que esperar muchos meses y acaso años para ver aprobada la legislación autonomista.