Nada nuevo

El ministro de Hacienda leyó ante más de cien periodistas las medidas que el Gobierno adoptará para enderezar la grave situación económica del país. Sin someterse a ningún tipo de diálogo con los representantes de la prensa, el señor Carriles dio a conocer las previsiones del Gobierno sobre la evolución de las magnitudes económicas en 1977. De acuerdo con ese cuadro, el producto interior bruto crecería el 3,5 % en términos reales -en 1976 no llegó al 2 %-, siendo la inversión y las exportaciones los motores de esa expansión. El cuadro macroeconómico, del Gobierno plantea, sin embargo, interrogantes -véase página 37- que podrían resumirse en que se suponen una continuación de la inflación, una reducción importante y prácticamente espontánea del déficit exterior en unos trescientos millones de dólares, y un esfuerzo inversor poco probable en las actuales circunstancias de pesimismo empresarial.La consecución de esos objetivos exigirá, en opinion del Gobierno, la adopción de una serie de medidas en las que, sorprendentemente, se observa una gran falta de concreción. Lo único tangible es el anuncio de que las disponibilidades líquidas -o cantidad de dinero en sentido amplioy el crédito al sector privado crecerán, respectivamente, a ritmos del 21 y 23 % anual; así como el anuncio de la aprobación de un plan selectivo de inversión pública por valor de 50.000 millones de pesetas, si bien el ministro no especificó cómo se financiarían.

Las restantes medidas, destinadas a reducir el déficit de la balanza de pagos, y fomentar la inversión productiva y combatir el paro, se limitan a un enunciado de intenciones -realización de un estudio, para sustituir importaciones agrarias, promocionar recursos turísticos, o asfaltar todas las carreteras de la red estatal. Tampoco las medidas anunciadas para «abordar los cambios estructurales» parecen susceptibles de una plasmación rápida por un Gobierno que está a tres meses vista de unas elecciones generales. En este sentido destaca por su importancia el retraso que puede suponer el proceso de «información pública» a que piensa someterse una reforma, que, como la fiscal, tan socialmente necesaria sería para conseguir cualquier tipo de pacto social. Tanto el cuadro rnacroeconómico como las medidas inmediatas leídas por el ministro de Hacienda van precedidas de una «introducción» y un «análisis y descripción del nuevo ordenamiento económico español» que ofrecen tan sólo un análisis muy general para una situación que, por desgracia, puede deteriorarse aún más a la vista de la ausencia del plan concreto de medidas que las numerosas reuniones ministeriales y la expectación con que se esperaban había originado.