Vuelven los partidos

AYER ENTRARON en el reino de la existencia legal siete partidos políticos españoles. En cumplimiento de lo ordenado por el real decreto-ley 12/1977, el Ministerio de la Gobernación reconocía lo que para cientos de miles de españoles era realidad cotidiana desde hacía tiempo. El paso es importante y así, nos agrada reconocerlo, como nos tranquilizaría pensar que todos los restantes partidos que lo han solicitado serán reconocidos. De suceder así, la vida política de este país habría franqueado el último obstáculo en su camino hacia la normalidad que desapareció cuando, como decía el Código Penal, se proclamó que los partidos políticos buscaban «la división de los españoles». Se cierran de esta forma, parcialmente, nada menos que los últimos cuarenta años de historia política española. En esos ocho lustros el país ha cambiado, se ha desarrollado, apareciendo problemas nuevos y desvaneciéndose obsesiones casi ancestrales. Para bien o para mal, España es hoy un país diferente de aquel desangrado por la guerra civil y marginado en la tarea de elegir lo que, con cierta ironía, se denominó, su «unidad de destino en lo universal». Las cuatro generaciones que en este solar ibérico han nacido y vivido, y muerto, desde 1936, experimentaron la frustración de no poder participar libremente en la discusión de los asuntos relacionados con el bien común.

Esa libre discusión se sustituyó en el régimen franquista por la fijación autoritaria de lo que al pueblo convenía. Incapaces de entender que los ciudadanos libres pueden cuidar de la cosa pública con el mismo interés que de la conveniencia propia, nuestros gobernantes acabaron creyendo en la dejación de los intereses nacionales en manos de los grupos que se alternaron en el servicio del poder, a cambio del disfrute de las sinecuras materiales a que su voluntad de obediencia y su silencio les hacían acreedores.

Lo que en el preámbulo del decreto-ley del Derecho de Asociación Política denominó «un proceso constituyente prolongado», se basaba en la ficción, según la cual el pueblo participaba en las tareas políticas a través del famoso trípode: familia, municipio y sindicato, marginándose toda auténtica organización pública a través de los partidos.

La filosofía del franquismo, prolongada hasta hace muy pocos meses con diversos disfraces, era incapaz de entender que la esencia misma de los partidos políticos reside en la idea de que constituyen el medio para encauzar y fomentar acuerdos de grupos numerosos de ciudadanos. Con una visión corta de la historia política de la España contemporánea, que achacaba a los partidos la inestabilidad de una sociedad que no había sabido resolver, fundamentalmente por el egoísmo de sus grupos dominantes, su adaptación al tiempo en que vivía, él franquismo cultivó una imagen deformada del político como hombre egoísta, venal y radicalmente antipatriota. Una propaganda sesgada y simplista pretendió que, los males de España, durante un siglo, procedían de los partidos. Hasta que alguien contestó con otra simpleza llena de buen sentido: los males de la España liberal vienen del mal funcionamiento de los partidos. Porque el sistema partidista nunca llegó a funcionar como tal en este país, sino que fue sistemáticamente lastrado por el caciquismo o el vacío de poder.

Así, en la España de Franco nació y vivió una imagen del político alejada de lo que debe ser un verdadero estadista. Porque éste ha de poseer ideas propias; sobre lo que la realidad exige, y si es sincero consigo mismo y Con los demás, expondrá públicamente cuál, es la política que desea realizar y cuáles los medios para instrumentarla. Al obrar de esta forma polarizará la atención y la adhesión de otras personas con opiniones; análogas, y que a sus consideraciones privadas antepondrán la lealtad a sus ideales y el deseo de servirá la comunidad nacional.

Desde hace más de dos siglos las sociedades libres no han conocido mejor régimen político que el basado en la existencia de partidos políticos. Desde ayer, España está más cerca de ser un país libre porque tiene partidos libres. Cuarenta años de silencio, persecución y olvido son mucho tiempo para exigirles desde el primer momento la responsabilidad que gozan los grupos con muchos años de experiencia.

En todo caso, y a pocos meses de las elecciones, los partidos y sus dirigentes harían bien en comprender que cuando se sienten en las próximas Cortes Constituyentes su cometido fundamental será fiscalizar al Gobierno y exigirle responsabilidades en interés del país entero. Porque al ser elegidos, los hombres de partido dejarán de defender los intereses de éste para convertirse en responsables del bien de todos.