Carter, en dificultades para reorganizar las agencias del Gobierno

A sólo dos semanas de su toma de posesión, Carter empieza a tener sus primeros problemas con el Congreso. La luna de miel entre un presidente demócrata y un poder legislativo dominado por su partido presenta ya síntomas inequívocos de deterioro.

Primero fue el caso Sorensen, en el que la cerrada oposición de los legisladores obligó a presentar su renuncia a Theodore Sorensen, el ex ayudante de Kennedy de ideología liberal que Carter había designado para dirigir la red de espionaje norteamericana, al frente de la CIA.Ayer, el Congreso se mostró reacio a aprobar una nueva petición del presidente respecto a la reorganización de las agencias del Gobierno. Durante su campaña electoral, Carter anunció numerosas veces que si era elegido pondría en marcha un amplio plan de reestructuración de los órganos gubernamentales y acabaría con la burocracia innecesaria. Entre otras cosas, Carter declaró su intención de reducir el número de agencias federales a poco más de doscientas de las 1.900 que existen en la actualidad.

El Congreso no discute tanto la necesidad de esta reestructuración como la forma en que debe llevarse a cabo. El presidente quiere que las medidas de reorganización sean efectivas automáticamente, después de un plazo de sesenta días, en que cada cámara del Congreso podría votar en contra. De hecho, los últimos presidentes, desde 1949, han trabajado así hasta que en 1973 el legislativo decidió retirarles esta autoridad de reorganización del ejecutivo.

El senador Brooks, demócrata por Texas, uno de los mayores opositores a la propuesta de Carter, defiende la tesis de que cada medida de reorganización debe contar, para ser efectiva, con la aprobación explícita de las dos cámaras d, el Congreso.

Igual piensan otros senadores, para quienes, de permitir a Carter llevar adelante su programa de reformas del modo que él quiere, sería poco menos que atentar contra la Constitución, además de dar al presidente la oportunidad de abusar de nuestro sistema gubernamental.

El presidente anunció su interés en realizar su reestructuración de la burocracia federal y advirtió que, si encontraba oposición en el Congreso, estaría dispuesto a acudir al país, para que decida sobre un asunto que Carter considera crucial.

En las próximas semanas, mientras se termina de elaborar un estudio pedido por Carter sobre la situación de las agencias del Gobierno, el poder legislativo discutirá si acepta o no la propuesta del presidente. No se descarta la posibilidad de una negociación, pero Carter y sus colaboradores insisten en que el sistema de reformas debe ser aprobado antes de las vacaciones del Congreso, en agosto, y que las primeras reestructuraciones se deben efectuar antes de que acabe el año en curso.

El último motivo de fricción por el momento, entre Carter y el Congreso, es la designación de Paul Warnke como director de la Agencia de Control de Armamentos y Desarme. Durante la pasada semana se desarrolló en el legislativo una campaña similar a la sufrida por So,rensen, para bloquear ladesignación de Warnke, considerado como paloma por los sectores más conservadores del legislativo.

Pero si en aquella ocasión Carter se mantuvo relativamente al margen, y se limitó a aceptar la renuncia de Sorensen de un cargo para el que los senadores no le consideraban idóneo, esta vez el presidente parece decidido a presentar batalla al Congreso.

Warnke es el mejor hombre que hay en el país para desempeñar este trabajo, dijo ayer Carter, quien añadió que la confirmación del nombramiento de Warnke por el Senado era considerada como crucial por su Administración.

La primera audiencia del Senado para discutir el nombramiento de Paul Warnke está programada para el martes, día 8, en el Comité de Relaciones Exteriores. De su resultado se derivarán importantes consecuencias sobre cuál va a ser el futuro de las relaciones entre la Administración Carter y el poder legislativo, que parecían destinadas a la concordia.