Orden en la calle y todos contra los provocadores

«El secuestro del teniente general Villaescusa, presidente, del Consejo Supremo de Justicia Militar; la muerte violenta de dos manifestantes, hasta ahora... Esta fatal escalada del crimen no puede continuar. Todo el intento de desembocar en una normalidad política puede desinflarse y quedar en nada por dos puntos: uno es el problema económico; otro, el más dramático y apremiante, es el orden público.Que los autores de esos hechos, los que se manifiestan, los agresores de la, paz ciudadana, los que atacan a la fuerza pública, los que secuestran, los que matan profanando nombres sagrados, sea la invocación auténtica o sea burda provocación, no quieren que el proceso político llegue a buen término es evidente: en esto, los extremismos de uno y otro signo coinciden. Pero frente a eso no bastan la simple condenación indignada, las «enérgicas» notas de protesta que tanto suenan a convencionalismo aunque no lo sean. Por de pronto, hace falta que en esta condenación se unan todos, porque ya está bien que haya quienes sólo se acuerdan de protestar cuando las víctimas son de su color; pero en segundo lugar es indispensable que todos ésos coincidan no ya en apoyar, sino en reclamar una actitud enérgica del poder público en el mantenimiento del orden con todas sus consecuencias. Y no excluimos ninguna.

La quiebra del principio de autoridad es una evidencia, pero su origen está en que al Gobierno y a las sacrificadas fuerzas de orden público les falta ese respaldo de confianza general, ese consenso unánime de la derecha y de la izquierda civilizadas que les permita actuar: dentro de la Ley, por supuesto, pero sin complejos ni vacilaciones para reprimir lo que no tiene nada que ver con la política y es simple criminalidad. Nos consta qué es lo que pretenden los provocadores, y si lograsen su propósito y la evolución en marcha se frustrara, y se impusieran las soluciones simplistas, que nada resolverían, pero a la que todo podría llegar a invitar, sabemos dónde buscar a los, responsables: son los provocadores de hoy; pero esto, ¿qué remediaría?

Ante esa turbadora posibilidad, los intereses del Gobierno y de la oposición auténticamente democrática y que sinceramente quiere un porvenir de libertad para España, son comunes: ¡Pues obren todos en consecuencia! Una política enérgica contra la subversión no tiene nada que ver con los problemas políticos del país, y si los límites entre la política y la subversión se han emborronado y confundido, hay que ponerlos en claro. Se dice que para que el pacto político sea viable hace falta un pacto previo económico y social; aún hace más falta un pacto para salvaguardar ese orden público, que no es patrimonio de este o aquel Gobierno, de esta o aquella fuerza política, sino de toda la sociedad, que, antes que cualquier otra cosa, tiene derecho a vivir en paz.»