El pacto y el chanchullo

En el editorial Del pacto al chanchullo, que publicó ayer EL PAIS, se vapulea injusta e irracionalmente a la Oposición democrática. Decir que «el silencio de sus representantes en torno al contenido de las negociaciones es tan absurdo como el silencio del Gobierno mismo», porque «a estas alturas, y después de varios encuentros entre el presidente (y aquéllos) ignoramos cuáles son los planteamientos básicos de los dialogantes y el contenido de las conversaciones», es sencillamente olvidar la verdad.EL PAIS ha publicado -y se ha referido a ellas muchas veces- las siete condiciones que fijó la Oposición en la reunión «cumbre» de 27 de noviembre último, como materia que la comisión designada pocos días después (1 de diciembre) debería negociar con el Gobierno. Puesto que el editorialista ha debido perder la memoria, se las recordaré:

1. Reconocimiento de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales.

2. Reconocimiento, protección y garantía de las libertades políticas y sindicales.

3. Urgente disolución del aparato político del Movimiento y efectiva neutralidad política de la Administración pública.

4. La verdadera amnistía política que el país necesita.

5. Utilización equitativa de los medios de comunicacion de masas, propiedad del Estado y, por tanto, de la comunidad, monopolizados hoy por el Gobierno.

6. Negociación de las normas de procedimiento a que han de ajustarse ambas consultas (ahora se trata de las elecciones). Control democrático de la neutralidad y libertad de las mismas a todos los niveles.

7. Reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente todos los países y regiones integrantes del Estado español y de que los órganos de control de los procesos electorales se refieran también a cada uno de sus ámbitos territoriales.

Esas y no otras son las condiciones públicas de la negociación que se ha iniciado sobre dos puntos muy concretos, anunciados también por EL PAIS: «la verdadera amnistía que el país necesita» y «el reconocimiento de todos los partidos políticos». Por eso es inexplicable que el editorialista diga «que la Oposición tiene... el deber moral y político de decit pública y previamente cuáles son sus condiciones mínirnas de pacto cara a unas elecciones generales», o que «los españoles tenemos derecho a saber dode qué bases se establecen los acuerdos y cuál es la marcha de los mismos».

La realidad es que la negociación ha comenzado y que hace más de cuarenta años no se había producido un hecho semejante. Si el comunicado conjunto hecho público por ambas partes después de tres horas de conversación dice que «el presidente les ha indicado (a sus interlocutores) que los problemas implícitos en ambos puntos (la amnistía, el reconocimiento de todos los partidos políticos) están siendo objeto de un profundo estudio por el Gobierno, en el que serán tenidas en cuenta gran parte de las ideas expuestas por los cuatro delegados de la comisión negociadora», creo que hay motivos para la esperanza, porque esas ideas son bien conocidas por los lectores de periódicos y muy especialmente por los de EL PAIS. Pero el editorialista piensa que no. Que «el optimismo o pesimismo de quienes acuden ya tan a menudo a Presidencia (es la primera vez en mi vida que yo lo hago) resulta irrelevante..., resulta irrelevante... si no se explican claramente las razones que lo avalan».

¿Cree realmente que era lógico esperar que, en una sola conversación, quedaran resueltos los dos grandes temas objeto de ella? ¿Y que en el transcurso de una negociación de esta naturaleza sea costumbre hacer públicos los detalles de la misma?

Lamento muy sinceramente tanta incomprensión por parte de ese gran diario, a cuyos fundadores y concretamente a usted, su director, aprecio y respeto muy de veras.