Desaparece, por decreto, el Tribunal de Orden Público

La aprobación de tres decretos leyes, a propuesta del Ministerio de Justicia, cuyos principales efectos son la supresión del Tribunal de Orden Público y de la jurisdicción de Delitos Monetarios; la atribución a la jurisdicción ordinaria la competencia en materia de terrorismo, en beneficio de una adecuada delimitación de la jurisdicción militar y la creación, dentro de la jurisdicción ordinaria, de una Audiencia Nacional en todo el territorio nacional, son las principales decisiones de las adoptadas por el Consejo de Ministros celebrado ayer.

En el orden penal. la nueva Audiencia Nacional y los tres juzgados centrales radicados en Madrid que se adscriben a la misma, con el mismo ámbito territorial. tendrá encomendado el enjuiciamiento, entre otros delitos, de los de tráfico monetario, los que afecten gravemente al tráfico mercantil o a la economía nacional, los fraudes mediante especulación de terrenos o viviendas, los de tráfico de drogas, los fraudes alimenticios. los de corrupción y los de escándalo público cuando se cometan por grupos organizados y produzcan efectos en un ámbito territorial superior a la provincia. Son aquellos delitos que por razón de su extraordinaria complejidad o por sus graves efectos en el ámbito nacional exigían hasta ahora para su esclarecimiento un juez especial.En lo que se refiere al Tribunal y a los dos Juzgados de Orden Público. los asuntos que tenían encomendados dichos órganos especiales pasan a la competencia de la jurisdicción ordinaria y corresponde su conocimiento a todos los juzgados y audiencias de cada provincia don e se cometan los hechos presuntamente delictivos. Entre estos delitos se encuentran los de asociación ilícita. propaganda y reunión ilegales. Creado por ley de 2 de diciembre de 1963. el Tribunal de Orden Público ha perdurado cerca de trece años. Considerado en ambientes jurídicos y de la Oposición como una prolongación del poder ejecutivo. el Tribunal de Orden Público se encontró enseguida con una creciente contestación.

En el año 1970 el congreso de la abooacía española celebrado en León solicitó su supresión y en el mismo año los abogados que acostumbraban a actuar ante el Tribunal de Orden Público mantuvieron una larga huelga de incomparecencias en los juicios en que debían actuar como defensores. Otra de las formas de contestación se puso de manifiesto en los llamados juicios del silencio, en los que los procesados se negaban a contestar a las pregunta s del fiscal, salvo a las generales de la ley, y los defensores renunciaban a interrogar a los procesados.

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